Kicillof denegó la asistencia urgente a joven con enfermedad terminal en Buenos Aires

La situación económica de la familia agrava el cuadro. Según una declaración jurada presentada el 22 de julio de 2025, los ingresos mensuales no superan los 90.000 pesos, lo que obliga a priorizar gastos básicos como alimentos y artículos de primera necesidad. A pesar de ello, los costos médicos y logísticos no están cubiertos en su totalidad, incluyendo medicamentos, traslados a centros de salud y suministros esenciales.

El 10 de julio, el abogado Lucas Bianco, que representa a la familia, presentó una solicitud formal al gobernador bonaerense para que se otorgara asistencia urgente. La respuesta oficial fue la promesa de un subsidio por única vez de 250.000 pesos, con un plazo de hasta tres meses para su efectivización. El abogado advirtió que “si se muere el chico, serán responsables de abandono de persona”.

También fue sometido a un trasplante renal, en el que su madre, Miriam Julieta Torres, fue la donante. Ha atravesado 73 cirugías y depende de manera permanente de medicación, equipamiento médico, alimentación especial y cuidados constantes.

Mientras tanto, la familia ha debido recurrir a la ayuda de conocidos y campañas en redes sociales para cubrir gastos inmediatos. En días recientes, se recaudaron 60.000 pesos para comprar un medicamento valuado en poco más de 40.000. El resto de los recursos se destina a transporte, insumos médicos y alimentación.

El caso define cuáles son realmente las prioridades y la capacidad de respuesta del gobierno provincial. Aunque en otras circunstancias se han asignado partidas millonarias con rapidez, aquí la asistencia se limita a un monto único y diferido. Para Bianco, se trata de una “violación de obligaciones” por parte del Estado, al no garantizar la cobertura inmediata de necesidades esenciales.

En un contexto en el que la administración bonaerense sostiene un discurso de “presencia y sensibilidad social”, este episodio plantea interrogantes sobre la efectividad real de las políticas públicas en casos críticos y sobre el criterio de asignación de recursos ante situaciones de riesgo vital.