En la sesión del 7 de agosto, el bloque kirchnerista y parte del peronismo evitaron la formación de una comisión parlamentaria destinada a investigar el caso del fentanilo clínico contaminado que ya registra al menos 76 muertes.
El retiro del quórum se produjo cuando Giudici solicitó la votación para habilitar la comisión. “Que quede claro, entonces, que el tratamiento del tema del fentanilo no le importa al kirchnerismo”, expresó la legisladora, en referencia a la negativa del oficialismo de acompañar el proyecto.
Diputada del PRO Silvana Giudici
El presidente de la Cámara, Martín Menem, confirmó que “no hay quórum en este momento”, con apenas 56 diputados presentes y 201 ausentes.
En el centro de la polémica se encuentra Ariel García Furfaro, titular de HLB Pharma Group SA y Laboratorios Ramallo SA, compañías que, hasta el 11 de mayo de 2025, producían medicamentos e insumos médicos mediante contratos millonarios con municipios del conurbano bonaerense y obras sociales sindicales.
Ese día, la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) inhibió su actividad al detectar que un lote de citrato de fentanilo fabricado por estas firmas estaba contaminado con bacterias Klebsiella pneumoniae y Ralstonia pickettii.
El caso se originó el 15 de abril, cuando en el Hospital Italiano de La Plata se detectaron pacientes infectados con el medicamento adulterado. De 18 casos confirmados, 15 terminaron en fallecimiento. El 2 de mayo, la ANMAT prohibió el lote identificado como “FENTANILO HLB / CITRATO DE FENTANILO, lote 31202”, y días después se amplió la medida a la totalidad de la producción de los laboratorios implicados.
Además de la contaminación, la investigación judicial, a cargo del juez federal de La PlataErnesto Kreplak, indaga otros hechos irregulares vinculados a HLB Pharma, como la quema de cinco kilos de fentanilo vencido el 13 de abril —el mismo día que se inició la causa— y denuncias por evasión tributaria, importaciones ilegales de maquinaria desde China y falsificación de documentos.
Cristina Kirchner junto a Ariel García Furfaro.
El Ministerio de Seguridad, conducido por Patricia Bullrich, también señaló que la habilitación municipal para operar con precursores químicos era falsa.
García Furfaro, hoy bajo la lupa judicial, integró en 2021 una comitiva oficial a Moscú organizada por el Ministerio de Salud del gobierno de Alberto Fernández para negociar la distribución de la vacuna Sputnik V contra el COVID-19, un antecedente que refuerza las sospechas de vínculos políticos que podrían haber favorecido a sus empresas.
La comisión especial que se intentó crear tendría facultades para solicitar informes a organismos públicos y privados, citar a funcionarios y elaborar un informe final con recomendaciones legislativas para reforzar los controles sobre medicamentos de uso hospitalario.
Sin embargo, el kirchnerismo y parte del peronismo decidieron no acompañar la propuesta, impidiendo el avance de una investigación parlamentaria independiente sobre una tragedia sanitaria que ya dejó decenas de víctimas.
