El juez federal de La Plata, Ernesto Kreplak, aceptó al Ministerio de Salud de la Nación como parte querellante en la causa por la fabricación y distribución de fentanilo contaminado, que estaría vinculado a la muerte de 53 personas en hospitales y clínicas del país. La presentación había sido realizada por la cartera sanitaria encabezada por Mario Lugones, con el objetivo de “colaborar en el esclarecimiento del caso y garantizar la protección de la salud pública”.
La admisión se suma a la del Hospital Italiano de La Plata, primera institución que denunció ante la ANMAT la contaminación en ampollas de fentanilo, donde se infectaron 18 pacientes y murieron 15.
El rol de ANMAT y el seguimiento a los laboratorios involucrados
Bajo la órbita del Ministerio de Salud, la ANMAT (Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica), dirigida por Nélida Bisio, ya había iniciado 267 expedientes contra HLB Pharma Group S.A. y Laboratorios Ramallo, su fabricante exclusivo. De ese total, 117 casos están directamente relacionados con desvíos de calidad, generando 133 alertas sanitarias.
Las ampollas investigadas pertenecen al lote 31202, con vencimiento en septiembre de 2026, y contenían las bacterias Klebsiella pneumoniae MBL y Ralstonia Picketti.
El Gobierno busca impulsar la investigación
En su pedido, los abogados del Ministerio de Salud señalaron que “el Estado Nacional tiene un interés legítimo” en participar del proceso. Además, ofrecieron poner a disposición de la Justicia recursos técnicos, científicos y humanos para la recolección de pruebas y determinación de responsabilidades.
La causa es tramitada en el Juzgado Criminal y Correccional Federal N°3 de La Plata, que avanza en la revisión de documentación de los laboratorios y espera peritajes clave por parte del Cuerpo Médico Forense de la Nación, particularmente del batch récord del lote contaminado: un documento técnico que registra cada etapa de producción, controles de calidad y posibles incidentes.
Sospechas y tensiones en el entorno empresarial
HLB Pharma Group está encabezado por Ariel García Furfaro, un empresario con vínculos políticos. Su familia controla tanto HLB como Laboratorios Ramallo. La madre de Furfaro, Nilda, y su hermano Damián García figuran entre las principales autoridades. También se suman la abuela de los hermanos, Olga Luisa Arena, y el abogado Ariel Fernando García, todos parte del directorio.
Los investigados alegan ser víctimas de una campaña de desprestigio impulsada por competidores y exempleados, y niegan que haya existido negligencia. Mientras tanto, la ANMAT suspendió la producción de ambos laboratorios, provocando despidos y conflictos salariales.
Extraños episodios y documentación clave
Un hecho que generó polémica fue la vandalización de la sede de HLB Pharma en San Isidro, denunciada el 11 de mayo, el mismo día que se confirmaron las primeras tres muertes por fentanilo. Videos registrados por empleados muestran oficinas revueltas, papeles en el suelo, grafitis con críticas y bolsas negras con documentación sanitaria.
Además, testigos mencionaron que camiones de la firma agropecuaria 3Arroyos —también vinculada a Furfaro— habrían retirado documentación y productos días antes de los allanamientos. No obstante, la denuncia de robo no fue impulsada por los dueños del laboratorio y, hasta el momento, no hay evidencia pública que respalde estas sospechas.
El juez Kreplak aguarda informes técnicos y peritajes para avanzar en la imputación de los responsables. El caso sigue bajo secreto de sumario, y la documentación secuestrada será clave para determinar si hubo negligencia, encubrimiento o acción deliberada en la elaboración del lote contaminado que terminó con la vida de decenas de pacientes.
