Por la dura presión de la oposición, La Libertad Avanza en el Senado tomó la decisión de dar de baja el capítulo de la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada vinculado a la reforma de la Ley de Tierras.
La iniciativa, que buscaba flexibilizar el régimen vigente y generar condiciones más atractivas para la inversión, no logró reunir el respaldo político necesario y quedó fuera del debate legislativo, lo que permitirá avanzar con el proyecto.
La definición se precipitó este miércoles, tras una reunión entre los sectores aliados al bloque liderado por Patricia Bullrich, quien venía liderando las negociaciones en la Cámara alta.
Al menos cuatro senadores clave pusieron en duda su respaldo, mientras que este miércoles se sumaron rechazos explícitos por parte de gobernadores que hasta entonces habían mostrado cercanía con la Casa Rosada, como Osvaldo Jaldo (Tucumán) y Rolando Figueroa (Neuquén).
Con el capítulo eliminado, el resto del proyecto se debatirá en una sesión prevista para este jueves a las 14, luego del cuarto intermedio del mes pasado.
El senador kirchnerista José Mayans.
La caída del apartado referido a tierras rurales se produjo tras una serie de deserciones que comenzaron el día anterior y se profundizaron en las últimas horas.
Mientras Bullrich anunciaba cambios en el esquema, que incluían desde la liberalización total hasta la ampliación del límite actual del 15% al 25% de tierras en manos extranjeras, varios legisladores que inicialmente acompañaban el proyecto comenzaron a tomar distancia.
Incluso dentro del PRO se registraron quiebres, cuando una banca decidió apartarse de la postura oficial ante la falta de consenso político.
Patricia Bullrich.
El resultado fue un escenario de desorden interno que terminó por hacer inviable la aprobación del capítulo. Según trascendió, la discusión dejó de centrarse en aspectos técnicos y pasó a ser completamente política, lo que aceleró la decisión de retirar el punto más conflictivo de la iniciativa.
El texto que quedó sin efecto tenía como objetivo central modificar normas vinculadas a tierras rurales, permitiendo la compra por parte de ciudadanos extranjeros y generando un clima favorable para las inversiones en Argentina, mientras que se mantenía las restricciones para la adquisición de tierras rurales por parte de Estados extranjeros.
Uno de los cambios más relevantes que proponía la reforma era elevar el límite de tierras en manos extranjeras del 15% al 25% por provincia. También contemplaba la obligatoriedad de registrar todas las operaciones en los registros inmobiliarios provinciales, consignando la nacionalidad de los adquirentes.
Estas modificaciones hubieran permitido el ingreso de capitales y la generación de nuevas oportunidades de desarrollo productivo en distintas regiones del país. Sin embargo, los sectores opositores terminaron frustrando ese objetivo.
