En medio del debate por la reforma de la Ley de Tierras impulsada por el gobierno de Javier Milei, diferentes artistas kirchneristas comenzaron a difundir información falsa y se subieron a la campaña de la ONG británica Amnistía Internacional contra el proyecto oficial.
Amnistía Internacional, una ONG fundada en el Reino Unido y financiada en parte con subsidios del gobierno británico, difundió un video en el que critica el proyecto de Milei bajo el lema: “Defender la tierra es defender los derechos humanos”.
La propuesta oficial tiene como objetivo central modificar normas vinculadas a tierras rurales, expropiaciones y uso del suelo, con el fin de eliminar trabas burocráticas y brindar seguridad jurídica absoluta a los propietarios, generando un clima favorable para las inversiones en Argentina y sin poner en riesgo la soberanía nacional.
El presidente Javier Milei.
A partir de esa campaña en contra de la iniciativa, distintas figuras del ámbito artístico replicaron el contenido y convocaron a una movilización prevista para el 6 de agosto de 2026 frente al Congreso.
Entre ellas, la ultra kirchnerista Lali Espósito compartió en sus historias de Instagram la convocatoria bajo el lema “Argentina no está a la venta. No a la extranjerización”.
En la misma línea, Dolores Fonzi publicó un mensaje que luego también fue replicado por Espósito: “Es importante. Es ahora. Es por vos y por los que vienen. Quieren vender todo! Nos vemos en la calle para frenar la embestida. BASTA! ... Convoquemos!!!”.
Por su parte, Laura Azcurra también se sumó al ataque y vinculó la discusión con la defensa del territorio y la soberanía, incluyendo referencias a las Islas Malvinas y los recursos naturales.
Lali Depósito.
El proyecto de Milei
Sin embargo, la realidad del proyecto es totalmente diferente, y quienes critican la medida parten de información falsa sobre el alcance de la reforma.
La iniciativa apunta a flexibilizar restricciones estatales excesivas, como el tope del 15% de tierras rurales en manos extranjeras, límites por nacionalidad o el máximo de hectáreas en determinadas zonas.
Estas restricciones afectan el derecho de propiedad y la seguridad jurídica, dos pilares fundamentales para el crecimiento económico. El propio presidente Milei señaló que si se violenta ese derecho, no hay incentivos para ahorrar e invertir.
En la misma línea, la normativa vigente desincentivó inversiones durante décadas por la falta de seguridady su modificación podría destrabar proyectos por miles de millones de dólares en distintos sectores.
A su vez, la reforma no implica una pérdida de soberanía ni una “venta del país”, como sostienen desde el kirchnerismo. En ese sentido, se distingue entre inversores privados, a quienes se busca equiparar con los argentinos, y Estados extranjeros o empresas estatales, que seguirán sujetos a restricciones y controles de seguridad.
El proyecto también mantiene prohibiciones en zonas fronterizas y mantiene las herramientas del Estado para supervisar operaciones, investigar irregularidades y actuar ante posibles delitos que pongan en riesgo la seguridad nacional.
Por estos motivos, los inversores extranjeros no tienen la capacidad de “llevarse” la tierra, sino que aportan capital para el desarrollo productivo, la incorporación de tecnología y la generación de empleo.
Además, la reducción de la burocracia y de las limitaciones vigentes permitiría consolidar un flujo de inversiones de largo plazo, con impacto en el crecimiento económico y el desarrollo regional.
