Estas restricciones afectan el derecho de propiedad y la seguridad jurídica, dos pilares fundamentales para el crecimiento económico. El propio presidente Milei señaló que si se violenta ese derecho, no hay incentivos para ahorrar e invertir.
En la misma línea, la normativa vigente desincentivó inversiones durante décadas por la falta de seguridad y su modificación podría destrabar proyectos por miles de millones de dólares en distintos sectores.
A su vez, la reforma no implica una pérdida de soberanía ni una “venta del país”, como sostienen desde el kirchnerismo. En ese sentido, se distingue entre inversores privados, a quienes se busca equiparar con los argentinos, y Estados extranjeros o empresas estatales, que seguirán sujetos a restricciones y controles de seguridad.
El proyecto también mantiene prohibiciones en zonas fronterizas y mantiene las herramientas del Estado para supervisar operaciones, investigar irregularidades y actuar ante posibles delitos que pongan en riesgo la seguridad nacional.
Por estos motivos, los inversores extranjeros no tienen la capacidad de “llevarse” la tierra, sino que aportan capital para el desarrollo productivo, la incorporación de tecnología y la generación de empleo.
Además, la reducción de la burocracia y de las limitaciones vigentes permitiría consolidar un flujo de inversiones de largo plazo, con impacto en el crecimiento económico y el desarrollo regional.
