El kirchnerismo no le pagaba a los jubilados lo que les correspondía

Durante años, miles de jubilados argentinos fueron víctimas de una política previsional marcada por la burocracia, la desidia y la falta de sensibilidad. Bajo los gobiernos kirchneristas, los adultos mayores que iniciaban juicios contra la ANSES por errores en sus haberes se veían obligados a transitar un verdadero calvario judicial y administrativo.

Aún ganando sus demandas, muchos debían esperar años para comenzar a cobrar lo que legalmente les correspondía. En muchos casos, el cobro jamás llegaba en vida.

Frente a esa realidad injusta y cruel, el año pasado el presidente Javier Milei firmó el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 594/2024, que modifica sustancialmente el mecanismo de pago de las sentencias previsionales firmes.

La medida autoriza a la ANSES a actualizar de forma inmediata el haber mensual de aquellos jubilados que hayan ganado un juicio contra el Estado, sin necesidad de esperar el complejo y prolongado cálculo del retroactivo, que podrá ser abonado en una segunda etapa.

Este cambio fue clave, ya que agilizó el cumplimiento de las sentencias judiciales y evitó que los beneficiarios mueran esperando el reconocimiento efectivo de sus derechos, como ocurrió durante los años de gestión kirchnerista, donde los recursos previsionales fueron muchas veces utilizados con fines clientelares o desviados para otros objetivos políticos.

Durante los gobiernos kirchneristas de Néstor, Cristina y Alberto, la ANSES acumuló cientos de miles de juicios previsionales. Muchos jubilados debían litigar durante años para reclamar que se les aplicaran fallos de la Corte Suprema que establecían cómo debía actualizarse el haber mínimo.

Pese a ganar, los beneficiarios quedaban atrapados en una red de trámites interminables. La administración de Alberto Fernández tampoco revirtió esta lógica: priorizó el gasto en programas discrecionales antes que en saldar deudas con quienes trabajaron y aportaron toda su vida.

Sin embargo, el Gobierno de Milei dio un paso fundamental hacia la reparación y la dignidad. Con el decreto, rompió con una tradición perversa del pasado kirchnerista, donde el Estado decía defender a los jubilados mientras los condenaba al olvido. Hoy, por primera vez en décadas, los fallos judiciales se cumplen en poco tiempo y los jubilados pueden ver reflejado su esfuerzo en tiempo real.