Hombre de complexión robusta con camiseta negra sentado en una silla roja junto a un sillón oscuro en una habitación de paredes claras
POLÍTICA

Kraisman, histórico puntero del PJ, irá a juicio por el caso de la empleada fantasma

El ex funcionario fue sorprendido intentando retirar dinero de forma irregular junto a dos colaboradoras.

Guillermo “El Puma” Kraisman, un veterano dirigente del peronismo cordobés, será juzgado por tentativa de defraudación contra la administración pública. El fiscal Franco Mondino solicitó su citación a juicio en la causa por la presunta “empleada fantasma” de la Legislatura de Córdoba. El hecho reaviva cuestionamientos sobre el manejo de fondos y contrataciones en estructuras políticas tradicionales.

La investigación también alcanza a Luciana Castro, ex directora de un polideportivo municipal, como coautora del delito atribuido a Kraisman. Además, Virginia Martínez, señalada como la supuesta “empleada fantasma”, será juzgada por falso testimonio agravado. Según el Ministerio Público Fiscal, el rol de cada uno quedó acreditado durante las audiencias preliminares.

El caso se destapó cuando Kraisman y Castro intentaron retirar $950.000 de una cuenta sueldo que no les pertenecía en un banco de Córdoba Capital. La cajera detectó la irregularidad al advertir que no coincidían con los titulares del DNI presentado. Martínez, dueña del documento, se presentó de inmediato a denunciar la maniobra ante la Justicia.

Paquetes de carne embutida, una lata de atún y un frasco de aceitunas sobre una superficie azul
Alimentos que Kraisman robó en abril a un supermercado cordobés | La Derecha Diario

Un dirigente peronista con prontuario político y judicial

Kraisman es un histórico puntero de la seccional 12 del justicialismo capitalino, con décadas en la función pública. Su militancia siempre estuvo vinculada al aparato peronista de la ciudad, participando en campañas, actos y redes de favores políticos. Ahora enfrenta un proceso judicial que pone en tela de juicio la ética en la dirigencia local.

El expediente refleja no sólo un presunto delito económico, sino una práctica que muchos asocian al uso clientelar del Estado. Críticos sostienen que estas maniobras son parte de un patrón donde la política se confunde con negocios personales. El caso ha generado indignación en sectores que reclaman mayor transparencia institucional.

No es el único proceso judicial que enfrenta el dirigente peronista. En abril fue elevado a juicio por intentar robar bondiola, jamón crudo y un frasco de cerezas de un supermercado cordobés. Este episodio, sumado al actual, refuerza la percepción de impunidad con la que operan ciertos actores peronistas enquistados en el poder.

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