La Provincia busca trasladar su obligación de financiar la educación sin explicar cómo se cubrirán los gastos
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La Legislatura unicameral cordobesa aprobó una resolución para exigir el financiamiento universitario a la Nación sin aclarar el origen de los recursos. El proyecto reclama mayores fondos nacionales sin definir fuentes de financiamiento, lo que amenaza el equilibrio fiscal en el corto y mediano plazo. La medida, que busca trasladar responsabilidades, fue aprobada con 59 votos a favor y tres abstenciones.
El legislador Walter Nostrala sostuvo que "no puede haber educación universitaria si no tenemos educación en casa. En Córdoba tenemos la ley 9070 que obliga al gobierno a dedicar el 35% del presupuesto a la educación. En Córdoba no sucede, el año pasado se ejecutó el 23,8%"
Esto demuestra que la provincia no sólo no carece de recursos para financiar la educación, sino que no ejecuta debidamente los ya asignados para esto.
Prácticamente todos los legisladores cordobeses votaron a favor de comprometer el equilibrio fiscal
Transferir costos sin plan fiscal es irresponsabilidad política
El argumento de respaldar a las universidades nacionales suena noble en discursos, pero falla al no prever mecanismos de financiamiento concretos. La resolución no incorpora ninguna propuesta de reforma en coparticipación, gravámenes o reasignación del presupuesto cordobés. Esto da cuenta de una narrativa demagógica que responsabiliza a la Nación y desliga a las provincias de sus obligaciones.
Resulta preocupante reclamar fondos nacionales sin definir de dónde saldrán. En este sentido, la propuesta implica elevar el gasto público sin una fuente legítima de financiamiento. Esto claramente pretende desestabilizar las saneadas cuentas públicas nacionales, ya que un incremento del gasto sin fondo ni reasignación presupuestaria provocaría déficit.
La Legislatura de Córdoba no considera el peligro que su propuesta podría implicar para las arcas del Estado Nacional. Así, el proyecto propone un incremento progresivo del presupuesto universitario hasta llegar al 1,5% del PBI para 2031. Esto busca garantizar fondos ajustados según las variaciones del IPC, en otro acto más de demagogia fiscal de la casta política.
