La Justicia ratificó la sanción económica contra el empresario kirchnerista por la “Ruta del Dinero K”.
Posteriormente, el 29 de mayo de 2024, la Corte Suprema de Justicia rechazó el recurso de queja presentado por su defensa, confirmando así la inmutabilidad de la condena y de la sanción económica. La multa fue fijada en seis veces el monto de la operación ilícita que le dio origen.
La defensa del empresario santacruceño, encabezada por el abogado Juan Martín Villanueva, intentó frenar la ejecución.
Alegó que la unificación de condenas dictada el 11 de julio que aún no se encuentra firme, podría modificar la situación de su representado, y además planteó la inconstitucionalidad del artículo del Código Penal que regula las multas para el delito de lavado de activos, al considerarlo confiscatorio y violatorio de derechos fundamentales.
Según expuso, “la suma reclamada supera ampliamente el patrimonio real de su asistido” y, en combinación con los decomisos y otros reclamos administrativos, la sanción se tornaría de cumplimiento imposible.
La Justicia federal avanzó con la ejecución de la millonaria multa impuesta al empresario Lázaro Antonio Báez, condenado por corrupción y lavado de dinero en el marco de la causa conocida como la “Ruta del Dinero K”.
El juez federal Néstor Costabel resolvió que el ex titular de Austral Construcciones deberá abonar en pesos el equivalente a USD 329.237.200,14 en concepto de sanción económica, con un plazo de diez días para cumplir bajo apercibimiento de que se avance sobre su patrimonio.
La decisión del magistrado se apoya en la condena firme dictada por la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal, que el 28 de febrero de 2023 ratificó la pena de diez años de prisión para Báez como coautor del delito de lavado de activos agravado.
Sin embargo, el juez Costabel desestimó los planteos de la defensa y sostuvo que “la pena conjunta de multa también adquirió la misma firmeza, y carece de sustento normativo la pretensión de la defensa para quitarle dicha inmutabilidad”.
Además, aclaró que la ejecución de la multa no depende de la unificación de condenas, ya que la sentencia original es definitiva y goza de autoridad de cosa juzgada.
La resolución judicial ordena intimar a Báez a realizar el pago en el plazo establecido y reafirma la vigencia de las medidas cautelares patrimoniales ya dictadas en el expediente, con el objetivo de garantizar la efectividad del cobro.
De esta manera, se ratifica la responsabilidad económica del empresario vinculado al kirchnerismo en una de las causas emblemáticas de corrupción de los últimos años.
