La sanción de la Ley 13.031 en 1947, conocida como Ley Guardo, marcó un punto de quiebre en la historia del sistema universitario argentino.
Impulsada durante la primera presidencia de Juan Domingo Perón, la normativa significó, en la práctica, la eliminación de la autonomía universitaria.
La ley, denominada así por el diputado Gabriel del Mazo Guardo, estableció un esquema de control estatal directo sobre las universidades que rompió con los principios de la Reforma Universitaria de 1918, basada en la autonomía, el cogobierno y la libertad académica. A partir de su implementación, el Gobierno nacional pasó a tener un rol central en la conducción de las casas de estudio.
Juan Domingo Perón.
Uno de los cambios más significativos fue la designación de autoridades. La Ley Guardo otorgó al Ejecutivo la facultad de nombrar directamente a los rectores y a los decanos de las facultades, eliminando los mecanismos de elección interna que hasta ese momento estaban en manos de la comunidad universitaria.
Esta modificación implicó la eliminación del sistema democrático interno y una subordinación directa de las universidades al gobierno peronista.
En paralelo, la normativa restringió el cogobierno universitario. La participación estudiantil en los órganos de gobierno fue eliminada, lo que concentró el poder en sectores docentes alineados con el oficialismo.
De este modo, se desarticuló uno de los pilares fundamentales del modelo reformista, que había garantizado la representación de estudiantes, graduados y profesores en la toma de decisiones.
Intervención de Perón en las universidades.
El control también se extendió al plano académico. Aunque la ley hacía referencia a la “autonomía técnica, docente y científica”, en los hechos imponía una orientación ideológica al obligar a las universidades a dirigir su enseñanza hacia la consolidación de una “conciencia nacional” definida por el Estado.
Este criterio limitó la libertad de cátedra y condicionó los contenidos educativos, subordinando la producción académica a los objetivos políticos del gobierno de Perón.
La implementación de la Ley Guardo consolidó así un modelo universitario centralizado, donde las decisiones clave dejaron de estar en manos de la comunidad educativa y pasaron a depender del Poder Ejecutivo.
Este esquema se mantuvo vigente hasta el final del ciclo peronista. Tras la denominada “Revolución Libertadora” en 1955, el gobierno de facto derogó la ley impulsada durante ese período.
En ese contexto, se restableció la vigencia de la antigua Ley Avellaneda y se recuperaron los principios de la Reforma Universitaria de 1918, devolviendo a las instituciones su autonomía y el sistema de cogobierno.
