Durante las primeras presidencias de Juan Domingo Perón, el sistema educativo argentino atravesó un proceso de fuerte intervención estatal que incluyó la persecución, cesantía y desplazamiento de docentes opositores, en el marco de una política orientada a consolidar el control político sobre universidades y escuelas.
Desde el inicio de su gestión, el gobierno peronista impulsó un esquema de centralización y control que puso el foco no solo en la formación académica, sino también en la “vocación” y la lealtad ideológica de los docentes. Este proceso derivó en un sistema donde la permanencia en los cargos quedó condicionada por la adhesión a la doctrina peronista.
En ese contexto, numerosos maestros y profesores fueron denunciados, sumariados o directamente despedidos por no alinearse con el peronismo o por manifestar posiciones críticas.
