Con una gran reducción del empleo público, el Gobierno avanza con las privatizaciones

Desde la asunción del Gobierno de Javier Milei, el número de empleados en la administración pública nacional, sus organismos descentralizados y las empresas estatales se redujo aproximadamente un 13%. Además, para este año, las proyecciones son aún más ambiciosas.

Por ello, el Gobierno de Milei intensifica sus esfuerzos para acelerar los recortes en todas las compañías públicas, preparándolas para futuras privatizaciones y eliminando su dependencia del Tesoro Nacional.

En este sentido, desde la administración libertaria revelaron que, gracias al ajuste, este año comenzó con la eliminación del déficit de todas las empresas estatales, algo que no ocurría desde hace varios años.

Esta labor está bajo la supervisión de la Agencia de Transformación de Empresas Públicas (ATEP), liderada por Diego Chaher, quien responde directamente a Santiago Caputo, el influyente asesor presidencial.

El equipo de Chaher mantiene objetivos inalterables, ya que, al depender del Ministerio de Economía, enfrenta la presión por parte de Luis "Toto" Caputo, quien desde el año pasado llevó a cabo un fuerte ajuste en los recursos destinados a las empresas estatales.

De acuerdo con el último informe del Ministerio de Economía, en 2024 se requirieron más de $2,77 billones para sostener el funcionamiento todas las compañías del Estado, ya que operaban con déficit.}

En su llegada a la ATEP, Chaher sumó como logro el cierre y posterior reconversión de Télam, la agencia de noticias estatal que había sido utilizada con fines partidarios por el kirchnerismo.

Además, recientemente, consiguió otro hito: la primera privatización completa de la gestión de Milei. Se trata de IMPSA, la empresa dedicada a la fabricación de equipos para generación de energía, que fue adquirida por ARC Energy, una firma estadounidense.

Las privatizaciones

La empresa estatal Belgrano Cargas avanza en su proceso de privatización, y el Gobierno de Milei apunta a concretar este objetivo antes de que finalice el primer trimestre del año.

Según establece el decreto que dio inicio a su traspaso al sector privado, las fases incluyen "la desintegración vertical y la separación de las actividades y bienes de cada unidad de negocio, bajo la modalidad de remate público para la venta del material rodante, y a través de la celebración de contratos de concesión de obra pública para las vías y sus inmuebles aledaños".

Por otro lado, la Casa de la Moneda, que permanece bajo intervención, ya desvinculó a más de 250 empleados, entre ellos el exgerente general Eduardo de Montmollin.

Recientemente, se le retiró el monopolio en la emisión de patentes tras problemas en el suministro, permitiendo la participación de empresas privadas en el sector. Sin embargo, no será la única modificación, ya que se espera que continúe la reducción de competencias exclusivas de la entidad, acompañada de nuevos despidos de estatales en los próximos meses.

Otro punto clave es el sector nuclear, que se prepara para aplicar ajustes en línea con el plan firmado por el Presidente. Tanto la CNEA como las empresas vinculadas al área anticipan recortes significativos en sus plantillas.

Según indicaron fuentes que permanecieron en sus cargos desde la gestión anterior, la Comisión Nacional de Energía Atómica reducirá su personal en al menos un 20% a lo largo de 2025, una medida que busca reducir los cargos políticos en la entidad.

Las compañías del sector tampoco están exentas de la reestructuración. Nucleoeléctrica, responsable de la operación de las centrales Atucha y del desarrollo del reactor CAREM, redujo su plantilla en más de 100 puertos el año pasado y avanza de manera sostenida en su proceso de privatización tras la aprobación de la Ley Bases, según señalaron fuentes consultadas.

Por su parte, Dioxitek cerró 2024 con más de 50 desvinculaciones, aunque logró alcanzar niveles récord de producción. La empresa, que cuenta con apenas 200 empleados, tiene previsto realizar otras 30 bajas en el primer trimestre del año para alinearse con Nucleoeléctrica en el camino hacia la privatización.

En cuanto al Banco Nación, la entidad ya completó su conversión a Sociedad Anónima, algo que permitirá su futura privatización.

Otra compañía en el radar es la Entidad Binacional Yacyretá (EBY). Tanto Paraguay como Brasil han manifestado su interés en adquirirla por un monto de USD 20.000 millones, con la intención de que pase a ser administrada por Itaipú, la otra empresa binacional que opera la central hidroeléctrica compartida entre ambas naciones.

Al igual que el Banco Nación, la semana pasada, el Gobierno de Milei dispuso la conversión de Yacimiento Carbonífero Río Turbio (YCRT) en una sociedad anónima.

Se trata de una de las nueve empresas estatales incluidas en la Ley Bases como candidatas a privatización o concesión. Sin embargo, anticipan que su venta no será inmediata, ya que primero se enfocarán en ordenar su situación financiera y operativa.

Actualmente, la compañía cuenta con 2.142 empleados, registra un promedio de dos horas diarias de actividad y depende en más del 90% de adelantos del Tesoro Nacional para su sostenimiento.