Además, se establece una diferenciación entre quienes tienen trámites migratorios regulares en curso y aquellos que registran procedimientos de expulsión.
Los primeros pueden acceder a la autorización provisoria, que permite trabajar, estudiar e ingresar y salir del territorio argentino durante su vigencia. En cambio, quienes tienen órdenes de expulsión ya no pueden utilizar ese mecanismo para conservar esos derechos.
Otro de los aspectos que cambió es el efecto del certificado sobre el arraigo. Bajo el sistema kirchnerista, el tiempo transcurrido con la residencia precaria podía utilizarse para acreditar permanencia y respaldar solicitudes de residencia permanente o ciudadanía.
Con el nuevo esquema de Milei, esa autorización no constituye por sí misma una prueba de arraigo ni garantiza el acceso a la residencia definitiva o a la nacionalidad argentina.
Con esta modificación, la administración libertaria elimina el régimen kirchnerista de 2014 que permitía emitir residencias precarias a inmigrantes ilegales con órdenes de deportación, que las utilizaban para evitar ser expulsados del país.