La Superintendencia de Servicios de Salud (SSS) profundizó el proceso de auditoría y depuración del sistema de medicina privada y resolvió excluir a 18 entidades del Registro Nacional de Entidades de Medicina Prepaga (RNEMP). La medida forma parte del reordenamiento impulsado por el Gobierno de Javier Milei para eliminar del padrón a organizaciones que no cumplen con las condiciones exigidas para operar.
Las resoluciones fueron publicadas en el Boletín Oficial y establecen, en distintos casos, el rechazo de la inscripción definitiva y la baja de los registros provisorios. Entre las entidades alcanzadas aparecen empresas, mutuales y cooperativas.
Según las auditorías realizadas por el organismo, las entidades excluidas no acreditaron el desarrollo efectivo de actividades comprendidas por la Ley 26.682, no contaban con afiliados activos o no habían presentado la documentación requerida para obtener la inscripción definitiva.
Desde la SSS remarcaron que el objetivo es contar con un registro transparente y confiable, integrado por entidades que efectivamente desarrollen actividades y puedan cumplir con las obligaciones que establece la normativa.
Cuáles son las 18 entidades dadas de baja
Cuáles son las 18 entidades dadas de baja
La última tanda de exclusiones comprende a:
Plan Odontológico Integral S.A.
Cámara de Tabaco de Misiones
Armiento S.A.
Instituto Materno Infantil S.A.
Sociedad Médica Universitaria S.A.
Asociación Mutual Intercooperativa
AMI S.R.L.
Huinca Salud S.A.
Cooperativa de Provisión de Obras y Servicios Públicos y de Créditos Cuenca del Salado Ltda.
Mutual de Ayuda entre Profesionales del Arte de Curar del Sanatorio Garay
EMPY S.R.L.
Policlínico Lomas Medicina Prepaga S.A.
Timely Medical
Premedikal S.R.L.
Emergencia S.R.L.
Seres S.R.L.
Cooperativa de Electricidad, Servicios Públicos, Vivienda y Crédito de Villa Cañás Limitada (COEVICAL)
Cardio S.A.
Las resoluciones oficiales correspondientes a varias de estas entidades fueron publicadas durante agosto y establecieron el rechazo de las solicitudes de inscripción definitiva y la baja de los registros provisorios.
El Gobierno apunta contra las entidades que no tienen actividad real
La medida se inscribe en una política de depuración del sistema de salud privado que la Superintendencia viene llevando adelante desde el comienzo de la gestión de Milei.
El organismo detectó durante sus relevamientos que numerosas entidades permanecían formalmente inscriptas pese a no acreditar una actividad efectiva, contar con beneficiarios o cumplir con los requisitos documentales establecidos por la legislación.
La normativa establece que la inscripción en el RNEMP implica la autorización para funcionar como entidad de medicina prepaga. Por eso, la falta de cumplimiento de los requisitos puede derivar en el rechazo de la inscripción definitiva y la baja del registro.
El Gobierno apunta contra las entidades que no tienen actividad real
La propia SSS ya había explicado durante el año que las auditorías permitieron detectar organizaciones que figuraban en el registro pero no tenían actividad efectiva, y que el proceso buscaba avanzar contra ese tipo de situaciones.
La baja no implica que afiliados pierdan su cobertura
Un punto central del proceso es que, de acuerdo con la información oficial suministrada para estas exclusiones, las entidades alcanzadas no contaban con beneficiarios activos ni brindaban prestaciones efectivas al momento de las verificaciones.
Por lo tanto, la depuración busca evitar que continúen figurando en el registro organizaciones que, pese a tener una inscripción provisoria o antecedentes administrativos, no cumplen con las condiciones necesarias para funcionar como prestadoras de medicina prepaga.
El Gobierno sostiene que el objetivo final es ordenar el sistema, reforzar la fiscalización y garantizar reglas claras para las entidades que efectivamente operan, en lugar de mantener un padrón con organizaciones sin actividad real.
También declararon en crisis a una obra social
En paralelo a las bajas del RNEMP, la Superintendencia declaró en situación de crisis a la Obra Social de Operadores Cinematográficos, mediante la Resolución 1458/2026.
La decisión se tomó luego de detectar incumplimientos en aspectos prestacionales, jurídico-institucionales, contables, de atención al beneficiario y en distintos indicadores económico-financieros.
El organismo intimó a la entidad a presentar un plan de contingencia en un plazo de 15 días y estableció un esquema de seguimiento para controlar la implementación de las medidas destinadas a corregir las irregularidades detectadas.
De esta manera, la Superintendencia continúa profundizando el proceso de saneamiento y control del sistema de salud, con auditorías que buscan diferenciar a los prestadores que efectivamente funcionan de aquellas entidades que permanecían registradas sin acreditar actividad real.
