El dirigente del PJ cordobés Guillermo Kraisman deberá sentarse finalmente en el banquillo de los acusados tras el contundente rechazo de su propuesta de probation. Esta resolución judicial llega para poner un límite a las maniobras de impunidad que históricamente han caracterizado a ciertos sectores del peronismo. La fiscalía consideró insuficiente el intento de Kraisman por evadir un proceso oral mediante tareas comunitarias y una ínfima reparación económica.
Los hechos bajo investigación exponen una de las prácticas más oscuras de la vieja política, donde se busca parasitar los recursos públicos para beneficio propio. El exlegislador está imputado por tentativa de estafa tras ser descubierto intentando cobrar el sueldo de una persona que jamás cumplió funciones en la Legislatura de Córdoba. Este accionar delictivo fue detectado por un empleado bancario que alertó sobre la maniobra irregular, poniendo de manifiesto la matriz de corrupción sistémica.
La Cámara Décima del Crimen es ahora la encargada de fijar la fecha para que este representante de la casta política rinda cuentas por sus manejos espurios. Resulta imperativo que la justicia actúe con firmeza para desterrar estos esquemas donde los delincuentes se disfrazan de servidores del pueblo trabajador. El rechazo a la oferta de pagar el daño en 12 cuotas de poco más de $1.000.000 demuestra que no todo se puede comprar con dinero mal habido.
La imputación al exlegislador fue por intentar cobrar el sueldo de una empleada fantasma de la Legislatura
Fin de la impunidad para la dirigencia política
La defensa del dirigente, encabezada por Diego Casado, no logró convencer al fiscal Fernando López Villagra de otorgar beneficios procesales al acusado. El intento de Kraisman de realizar tareas en una asociación civil fue visto como una burla frente a la gravedad de los cargos por corrupción administrativa. Los ciudadanos exigen que estas prácticas de apropiación de fondos del Estado tengan consecuencias penales efectivas y no simples multas simbólicas.
El Código Penal establece para el delito de tentativa de estafa una pena máxima de 2 años de prisión para quienes cometen este tipo de defraudaciones. El veredicto final determinará si la condena será de cumplimiento efectivo, sentando un precedente necesario contra la delincuencia de guante blanco peronista. Es fundamental que el proceso sea transparente para que la sociedad atestigüe cómo se desmantelan los privilegios de quienes viven del erario.
Este caso es solo una muestra más del desprecio que la dirigencia peronista tradicional siente por el dinero que los contribuyentes aportan con gran esfuerzo diario. Mientras el país busca un cambio profundo, estos personajes intentan aferrarse a métodos frecuentes de enriquecimiento ilícito a costa de la administración pública. El juicio oral será la instancia definitiva para demostrar que en la nueva Argentina, el que las hace, finalmente debe pagarlas ante la ley.
