Misiones aprueba una ley similar a la brasileña para censurar las redes sociales

La Legislatura de Misiones aprobó la creación de una Fiscalía de Instrucción Especializada en Ciberdelitos, otorgándole amplios poderes, como el secuestro de dispositivos electrónicos sin necesidad de autorización judicial.

Esta normativa, impulsada por Carlos Rovira, líder del Frente Renovador de la Concordia Social, ha generado fuertes críticas desde la oposición por su  carácter antidemocrático y censurador.

Uno de los puntos más controversiales es el artículo 7 de la ley, que habilita al fiscal a secuestrar celulares, computadoras y otros dispositivos electrónicos en casos de calumnias, injurias o incitación a la violencia, cuando estos delitos se cometan a través de medios digitales o plataformas de inteligencia artificial generativa. El objetivo es “combatir la difusión de noticias falsas” que afecten a personas o instituciones públicas y privadas.

Según la normativa, el fiscal solo necesita sospechas fundadas de que los dispositivos fueron utilizados para cometer o encubrir el delito. Para llevar a cabo estos secuestros, el fiscal puede contar con la colaboración de la Secretaría de Apoyo para Investigaciones Complejas (S.A.I.C.), una dependencia del Poder Judicial.

El problema radica en que el supuesto combate contra las fake news tiene implicancias que van en contra de los principios más elementales de la libertad de expresión. Además, la definición de qué puede llegar a ser una noticia falsa puede ser de carácter completamente ambiguo.

Resistencia de la oposición

Desde la Unión Cívica Radical (UCR) y el PRO  han expresado su oposición, principalmente a los artículos 6, 7 y 10 de la ley, argumentando que vulneran la libertad de expresión y ponen en riesgo la seguridad ciudadana. En diálogo con Clarín, el legislador radical Ariel Pianesi  afirmó en sus redes sociales: “La libertad de expresión no se negocia en Misiones”.

El radicalismo también criticó la ley de forma institucional, señalando que  "bajo la excusa de combatir las noticias falsas, el gobierno está otorgando poderes extraordinarios que podrían silenciar cualquier voz crítica sin orden judicial previa".

Desde el PRO también se mostraron preocupados, advirtiendo que el agente digital encubierto podría ser utilizado con fines persecutorios y afectar los derechos constitucionales.

Defensas y justificaciones

El diputado oficialista José Luis Pastori defendió la medida, alegando que los argumentos de la oposición responden a intereses políticos y no al bienestar de los misioneros.

Según Pastori, el fiscal solo actuará tras una denuncia formal y cuando alguien haya sido afectado por delitos como robo de identidad o ultraje de derechos, insistiendo en que la ley no limita la libertad de expresión.

Por otro lado, el abogado Eduardo Paredes cuestionó la constitucionalidad de algunos artículos de la ley, afirmando que fue "redactada apresuradamente".

Uso del agente digital encubierto

Otra de las herramientas que incluye la ley es el perfil digital encubierto, que puede ser utilizado por un agente autorizado por el juez en casos complejos. Esta modalidad es de carácter excepcional y se aplica cuando la investigación no admite otra forma de intervención.

El agente podrá interactuar en canales cerrados de comunicación, intercambiar archivos de contenido ilegal y obtener pruebas sin incurrir en delito, siempre bajo supervisión judicial.

El juez deberá controlar periódicamente la actuación del agente encubierto, quien será parte del equipo técnico de la S.A.I.C., dependiente del Superior Tribunal de Justicia. Una vez finalizada la operación, se dejará constancia en el legajo judicial de la existencia de la investigación.

La creación de la Fiscalía de Ciberdelitos en Misiones ha generado una profunda división entre el oficialismo y la oposición. Mientras el gobierno provincial argumenta que la ley busca proteger a la ciudadanía de los delitos digitales, la oposición teme que se utilicen estas herramientas para restringir derechos fundamentales, como la libertad de expresión.

Rovira y el experimento de censura que Sergio Massa hubiera impuesto de ganar las elecciones

El ex ministro de Economía y ex candidato presidencial de Unión por la Patria, Sergio Massa, había participado de una entrevista en formato streaming junto al influencer Gerónimo Benavides, conocido como “Momo”, donde reafirmaba su propuesta de regular las redes sociales, tal y como Rovira lo hizo.

Momo le preguntó sobre cómo lograría un equilibrio entre la regulación de redes y la libertad de expresión. Massa respondió que "cuanto más libre sos, mayor la autorregulación", y destacó que lo importante es que "el dueño de la identidad, la noticia y la libertad de opinión sea el ciudadano y no la empresa que regula el tráfico", evitando así, según él, la “manipulación política”.

Massa también mencionó que su propuesta seguía el camino de los “países del Primer Mundo”, como el modelo de Australia, el cual, según el ex candidato, equilibra la libertad de expresión con la protección frente a la explotación de menores y el control de calumnias e injurias, estableciendo parámetros claros para mantener un entorno digital seguro.

La censura en Australia, el modelo de Sergio Massa y Carlos Rovira

Sin embargo, la realidad en Australia es completamente diferente. Es que el gobierno de Australia anunció que impondrá multas de hasta el 5% de los ingresos globales a las plataformas de internet que no censuren cuentas de la derecha, acusadas de desinformar. 

Esta medida, similar a las implementadas por gobiernos autoritarios de izquierda, busca regular los contenidos en línea, lo que ha generado preocupación entre los defensores de la libertad de expresión.

Como parte de un esfuerzo internacional para controlar a los gigantes tecnológicos,  Australia exigirá que las plataformas establezcan códigos de conducta para prevenir la difusión de lo que califican como falsedades peligrosas.

Estos códigos deberán ser aprobados por un organismo regulador.  Si las plataformas no cumplen con esta regulación, el gobierno impondrá su propio estándar y aplicará multas a las empresas que no lo respeten.

Esta medida ha sido criticada por diversos sectores que ven en ella un peligroso avance hacia la censura y la  persecución política, ya que el enfoque estaría dirigido principalmente hacia cuentas conservadoras.

X, el caso de censura en Brasil

Elon Musk se encuentra en una polémica con Alexandre de Moraes, el juez más influyente de Brasil, quien, junto al dictador Lula da Silva, ha liderado una campaña de represión en contra de la libertad de expresión.

Utilizando la excusa de combatir la  "desinformación" y los "discursos de odio", se han justificado medidas autoritarias como la censura y la persecución política a opositores.

El mes pasado, Moraes ordenó la prohibición de Twitter (ahora X) y bloqueó las cuentas de Starlink, presionando a las empresas de Musk a pagar multas impuestas por no cumplir con las dictatorialmente calificadas órdenes judiciales que exigían la suspensión de cuentas de opositores acusados de "desinformación".

El tribunal justificó el bloqueo explicando que X Brasil Internet Ltda., Starlink Brazil Holding Ltda. y Starlink Brazil Internet Services Ltda. eran solidariamente responsables por el pago de estas multas. Además, los fondos de X y Starlink fueron retenidos para garantizar el cumplimiento de las sanciones.

El bloqueo afectó a unos 22 millones de usuarios de X, provocando que muchos migraran a otras plataformas como Bluesky y Threads. Mientras que la izquierda, encabezada por Lula, celebró la censura, la oposición democrática de derecha criticó duramente la medida, con el expresidente  Jair Bolsonaro  calificando a Moraes como un "dictador".