La Legislatura de Misiones aprobó la creación de una Fiscalía de Instrucción Especializada en Ciberdelitos, otorgándole amplios poderes, como el secuestro de dispositivos electrónicos sin necesidad de autorización judicial.
Esta normativa, impulsada por Carlos Rovira, líder del Frente Renovador de la Concordia Social, ha generado fuertes críticas desde la oposición por su carácter antidemocrático y censurador.
Uno de los puntos más controversiales es el artículo 7 de la ley, que habilita al fiscal a secuestrar celulares, computadoras y otros dispositivos electrónicos en casos de calumnias, injurias o incitación a la violencia, cuando estos delitos se cometan a través de medios digitales o plataformas de inteligencia artificial generativa. El objetivo es “combatir la difusión de noticias falsas” que afecten a personas o instituciones públicas y privadas.
Según la normativa, el fiscal solo necesita sospechas fundadas de que los dispositivos fueron utilizados para cometer o encubrir el delito. Para llevar a cabo estos secuestros, el fiscal puede contar con la colaboración de la Secretaría de Apoyo para Investigaciones Complejas (S.A.I.C.), una dependencia del Poder Judicial.
El problema radica en que el supuesto combate contra las fake news tiene implicancias que van en contra de los principios más elementales de la libertad de expresión. Además, la definición de qué puede llegar a ser una noticia falsa puede ser de carácter completamente ambiguo.
Resistencia de la oposición
Desde la Unión Cívica Radical (UCR) y el PRO han expresado su oposición, principalmente a los artículos 6, 7 y 10 de la ley, argumentando que vulneran la libertad de expresión y ponen en riesgo la seguridad ciudadana. En diálogo con Clarín, el legislador radical Ariel Pianesi afirmó en sus redes sociales: “La libertad de expresión no se negocia en Misiones”.
El radicalismo también criticó la ley de forma institucional, señalando que "bajo la excusa de combatir las noticias falsas, el gobierno está otorgando poderes extraordinarios que podrían silenciar cualquier voz crítica sin orden judicial previa".
Desde el PRO también se mostraron preocupados, advirtiendo que el agente digital encubierto podría ser utilizado con fines persecutorios y afectar los derechos constitucionales.
Defensas y justificaciones
El diputado oficialista José Luis Pastori defendió la medida, alegando que los argumentos de la oposición responden a intereses políticos y no al bienestar de los misioneros.










