La Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires se prepararía para votar este jueves el proyecto de Ley presentado por el Poder Ejecutivo de Jorge Macri, que propondría una serie de ajustes al Código Urbanístico vigente.
No obstante, tras numerosas críticas por parte de la ciudadanía y de diversos sectores, Macri decidió retirar el polémico artículo del código urbanístico, lo que generó un alivio entre muchos de los afectados.
Detrás de la supuesta intención de "lograr un equilibrio urbano", el gobierno porteño habría escondido medidas que hubieran tenido un gran impacto negativo en el bolsillo de los propietarios de inmuebles y en la calidad de vida de los habitantes de la ciudad.
La Comisión de Planeamiento Urbano llevó a cabo seis reuniones con legisladores y cinco con asesores, donde se discutió el proyecto.
Aunque se escucharon las voces de vecinos y asambleas barriales, muchos de los cuales exigían cambios más profundos al Código Urbanístico actual, el avance de esta iniciativa parecía buscar destruir a los porteños.
El gobierno de Macri justifica que el proyecto buscaría "generar equilibrio urbano en tres escalas", promoviendo el desarrollo del sur y consolidando la zona norte, y ajustando las alturas de los edificios.
Sin embargo, en el fondo, la iniciativa original de Macri, de haberse aplicado, introduciría una obligación que podría haber encarecido la construcción de nuevos edificios en hasta un 10%. Este aumento no sería trivial, especialmente en un contexto económico donde cada centavo cuenta.
Para colmo, los propietarios de edificios existentes podrían haberse enfrentado a la duplicación de las expensas, lo que no solo afectaría a quienes ya residen en estos inmuebles, sino que también podría haber generado un efecto dominó en el mercado inmobiliario de la ciudad.
Particularmente alarmante hubiera sido el artículo 3.3.1.1, el cual fue retirado por la gran cantidad de quejas por parte de la gente, y que hubiera estipulado que todos los edificios de más de 25 unidades tendrían que contar con una vivienda para el encargado.
Esta medida no solo aumentaría el costo de construcción, sino que también prohibiría alquilar dicha vivienda para reducir gastos, lo que representaría un golpe directo al bolsillo de los propietarios.
Además, como si fuera poco, esta disposición también hubiera entregado un poder desmedido al sindicato de encargados que, en caso de haberse aplicado el artículo, podría judicializar a los edificios que no cumplan con la nueva regulación.
El viernes pasado se llevó a cabo una manifestación en la puerta de la Legislatura porteña, organizada por asambleas barriales que rechazan el Código Urbanístico y exigen cambios que realmente resuelvan las preocupaciones de los vecinos.
A pesar del discurso de Jorge Macri sobre el progreso y desarrollo, la votación de este proyecto estaba pareciendo más bien una imposición que ignora las realidades y necesidades de quienes realmente habitan y sufren las consecuencias de estas decisiones.
