La Ciudad de México quedó marcada por una nueva jornada de represión el pasado 15 de noviembre, cuando la marcha encabezada por la denominada Generación Z, realizada tras el asesinato del alcalde de Uruapan, derivó en enfrentamientos que dejaron 150 heridos en el Zócalo capitalino. Los manifestantes reclamaban seguridad, justicia y un freno a la violencia que atraviesa al país, pero se encontraron con un despliegue policial que, según numerosos registros, actuó con violencia extrema.
Lo más alarmante es que ningún organismo de derechos humanos —ni nacional ni internacional— emitió condenas o comunicados ante la evidencia audiovisual de la represión.
En redes sociales circularon videos donde se observa a tres policías del gobierno de Sheinbaum propinándole cinco patadas en la cabeza a un joven de la Generación Z que ya se encontraba tirado e inmóvil en el suelo. Otros registros mostraron a agentes armados con machetes, una imagen inédita y repudiable en cualquier democracia. A pesar de ello, ninguna autoridad independiente reaccionó.
Lejos de condenar la violencia policial o anunciar sanciones inmediatas, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, se dedicó en su conferencia matutina a desacreditar la protesta y a responsabilizar a los jóvenes de haber provocado los incidentes.
Según declaró: “El objetivo no era llegar a Palacio, sino generar confrontación. Iban preparados con esmeriles y ganzúas para derribar la valla de contención.” Sheinbaum afirmó que la mayoría de los asistentes “eran adultos, no jóvenes”, e incluso aseguró que detectaron “rostros conocidos” provenientes de la marea rosa y del llamado bloque negro.
Mostró imágenes de enfrentamientos y sostuvo: “El objetivo era golpearlos para que respondieran, para mostrar esta idea de que en México hay represión a los jóvenes y no hay represión.” La mandataria insistió en que los policías “no llevan armas” y “ni siquiera tienen toletes”, pese a que múltiples videos contradicen esa afirmación.
