La organización no gubernamental (ONG) británica Amnistía Internacional solicitó a la Justicia argentina que permita la difusión de audios ilegales obtenidos de manera clandestina en la Casa Rosada, pertenecientes a la Secretaria General de la Presidencia, Karina Milei. La petición se produce en medio de una denuncia formal presentada por el Gobierno de Javier Milei, que advierte sobre una operación de inteligencia destinada a desinformar y desestabilizar el proceso electoral.
Un juez había prohibido previamente la difusión de dichos audios, alegando su carácter ilegal. Para la administración nacional, este precedente podría representar un ataque directo a la libertad de expresión y al derecho de la sociedad a informarse, pilares fundamentales de un estado de derecho. La Casa Rosada calificó la maniobra como un “ataque planificado” con presunta influencia extranjera, cuyo objetivo sería condicionar las próximas elecciones legislativas.
