La fortuna de la condenada por corrupción, Cristina Kirchner, será peritada por orden de la justicia federal. Actualmente, enfrenta un pedido de decomiso de 80.000 millones de pesos en la causa Vialidad, una responsabilidad que se asume de manera solidaria con todos los acusados en el caso, mientras que su última declaración jurada muestra un patrimonio de 250 millones de pesos.
En el marco de una causa reabierta por la Cámara Federal porteña, se solicitó una pericia contable centrada en ocho aspectos para determinar si existieron inconsistencias en las declaraciones juradas correspondientes al período de 2009 a 2015.
Al menos tres jueces, en varias ocasiones, concluyeron que supuestamente "no había pruebas suficientes" para imputar a Cristina Kirchner por el delito de enriquecimiento ilícito. Las dos últimas causas fueron tramitadas en los juzgados federales de María Eugenia Capuchetti y Julián Ercolini.
En junio de 2024, a pedido del fiscal federal Gerardo Pollicita, el juez Ercolini archivó una causa relacionada con el período 2009-2015, que abarca las presidencias de Cristina Kirchner.
Cuando se inició la acción penal, el Ministerio Público Fiscal tomó medidas de prueba para esclarecer la evolución del patrimonio de Cristina entre 2003 y 2015, así como las posibles inconsistencias y omisiones en la forma en que su patrimonio fue reflejado en sus declaraciones juradas.
Según la fiscalía, las últimas investigaciones están vinculadas con las empresas Los Sauces y Hotesur, los bienes del acervo hereditario de Néstor Kirchner, la firma Austral Construcciones y la declaración de los depósitos a plazo fijo de la expresidente.
Cuando se abrió el expediente, se analizaron varios aspectos, entre ellos las diferencias entre el valor de las acciones de Los Sauces reportadas por Néstor Kirchner y Cristina Fernández en sus respectivas declaraciones; la posible confusión entre el patrimonio personal de los expresidentes y el de la empresa Los Sauces, derivada de las deudas que los Kirchner declararon en 2010 con esta sociedad.
En tercer lugar, se solicitó un análisis sobre la "posible confusión" entre el patrimonio de Cristina y la firma Hotesur en las declaraciones juradas de los años 2011, 2012 y 2013, en las cuales se reportaron deudas con la empresa de la que Cristina era accionista.
En este contexto, se había denunciado una "incorrecta declaración de bienes y deudas por parte de Cristina Fernández debido a la disolución de la sociedad conyugal, ya que no se había realizado la partición y distribución de los bienes del acervo hereditario de Néstor Kirchner".
Tras diversas medidas, el fiscal Pollicita concluyó que existían elementos suficientes que justificaban solicitar el archivo de la causa.
Se reabre la causa
En base a este planteo, el caso fue archivado; sin embargo, a finales del año pasado, la Cámara Federal porteña aceptó un reclamo de la Unidad de Información Financiera (UIF), parte querellante en la causa, y ordenó reabrir el caso en relación a los hechos ocurridos entre 2009 y 2015.
En respuesta a la decisión de la Cámara Federal porteña, que delegó la causa en la fiscalía de Pollicita, se ordenó la realización de un peritaje contable para determinar si existieron inconsistencias en las declaraciones juradas presentadas por Cristina Kirchner ante la Oficina Anticorrupción durante el período en cuestión.
La Cámara Federal porteña, al reabrir la causa, señaló que era necesario realizar un estudio pericial "para que un profesional especializado, con toda la documentación necesaria (declaraciones juradas, escrituras de inmuebles, copias del juicio sucesorio, entre otros), arroje claridad sobre las inconsistencias y omisiones denunciadas en las declaraciones juradas y, de ser el caso, determine las consecuencias impositivas que pudieran derivarse".
En su dictamen, el fiscal Pollicita solicitó el análisis de un conjunto de propiedades para determinar la titularidad, la fecha de incorporación al patrimonio y si los inmuebles eran propios o gananciales. Estas propiedades se encuentran en la ciudad de Río Gallegos.
