El violento paro general de la Confederación General del Trabajo (CGT) convocado para el 10 de abril de 2025 tendrá un fuerte impacto económico en la Argentina, perjudicando a millones de trabajadores.
Según una estimación preliminar elaborada por el Instituto de Economía de la Universidad Argentina de la Empresa (UADE), la medida de fuerza implicará un costo de $208.497 millones, lo que equivale a unos 194 millones de dólares. Esta cifra representa aproximadamente el 0,3% del Producto Interno Bruto (PIB) del mes de abril y el 6,4% de la producción que se habría generado en un día normal de actividad económica.
El informe subraya que el efecto del paro no será uniforme en todos los sectores ni en todas las regiones del país. Entre los rubros productores de bienes, la industria manufacturera será la más afectada, con una pérdida estimada en $18.113 millones.
A esto se suman pérdidas en la explotación de minas y canteras por $7.089 millones, y en la construcción por $7.180 millones. En conjunto, los sectores vinculados a la producción de bienes sufrirán una caída de $32.381 millones, lo que representa el 5% de su producto diario.
Javier Milei, presidente de Argentina.
El golpe será todavía más fuerte en los sectores vinculados a los servicios. El estudio privado calcula que ese conjunto de actividades dejará de producir $140.369 millones, lo que equivale al 6,5% de su generación diaria y al 3,5% del PIB mensual de ese segmento.
El mayor impacto se dará en el área de enseñanza, salud y servicios sociales, donde las pérdidas llegarán a $99.364 millones. También se verá afectado el comercio minorista y mayorista, que dejará de facturar unos $17.294 millones.
Otros rubros con caídas significativas serán el de impuestos netos de subsidios ($16.063 millones), transporte, almacenamiento y comunicaciones ($8.665 millones) y la administración pública, que perderá $7.886 millones, entre otros sectores.
Según el organismo privado, si los colectivos tampoco hubieran funcionado, el costo del paro de la CGT se habría elevado a los 530 millones de dólares. "Esto demuestra que la existencia de al menos una línea en funcionamiento amortigua de manera significativa el impacto económico de este tipo de medidas", sostuvieron.
