Sin el apoyo del socialista Pedro Sánchez, presidente de España, el Congreso votó a favor de reconocer a Edmundo González como el legítimo ganador de las elecciones presidenciales de Venezuela, y por lo tanto, como presidente electo y legítimo.
Con 177 votos positivos, la proposición no de ley promovida por el PP fue aprobada con el respaldo del PP, Vox, el PNV, UPN y Coalición Canaria. A pesar del valor simbólico de esta medida, el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) rechazó aceptar a González como presidente, al igual que Sumar y los socios habituales de Sánchez, quienes sumaron 164 votos en contra y una abstención.
El exministro socialista, José Luis Ábalos, quien ahora pertenece al Grupo Mixto, se distanció de su antiguo partido optando por esta última opción, mientras que Junts no participó en la votación para asistir a las movilizaciones por la Diada, que se celebra este 11 de septiembre. El Gobierno, junto a los 27 miembros de la Unión Europea, está buscando "plena transparencia" y "la entrega de las actas", como aseguró este martes la ministra portavoz, Pilar Alegría.
El texto aprobado indica que este reconocimiento se basa en la continua negativa de las autoridades electorales venezolanas a publicar los resultados de manera oportuna, la publicación por parte de la oposición del 83.5% de las actas verificables que confirman un resultado electoral contundente, y las declaraciones oficiales de organismos internacionales como el Centro Carter, Naciones Unidas y el Alto Representante de la UE para Asuntos Exteriores y Seguridad, Josep Borrell.
El objetivo final del apoyo internacional es que Edmundo González asuma el cargo como presidente el próximo 10 de enero de 2025. Además, el Congreso español solicitó que se exija al régimen del dictador Nicolás Maduro el cese inmediato de la represión contra las protestas pacíficas y la liberación de los presos políticos, así como que se reconozca a María Corina Machado y Edmundo González Urrutia como los "únicos interlocutores legítimos" en las negociaciones para la transición democrática en el país.
En el ámbito internacional, se insta al Ejecutivo a liderar iniciativas que aseguren el respeto al voto de los venezolanos y a promover un proceso de transición hacia un sistema basado en derechos y libertades, reconociendo los resultados electorales del 28 de julio. Asimismo, se exige que el Gobierno impulse en la Unión Europea la reinstauración de sanciones contra los líderes del régimen de Maduro, sanciones que fueron levantadas antes de las elecciones como un gesto de "buena voluntad", que resultó ser completamente ineficaz. También se pide ampliar estas sanciones, dirigiéndolas a los intereses económicos de los colaboradores del régimen.
Finalmente, el Congreso solicita la comparecencia de la dirección del Centro Carter para explicar sus conclusiones sobre las elecciones venezolanas y apoyar las iniciativas de las fuerzas democráticas venezolanas, especialmente aquellas orientadas a mantener viva la movilización en defensa del resultado electoral.
