En un contexto donde el 28,2% de los argentinos se encuentra bajo la línea de pobreza, vuelve a tomar fuerza el debate sobre el financiamiento del sistema público y el acceso de extranjeros a servicios gratuitos.
Uno de los puntos más cuestionados es que incluso los sectores más vulnerables contribuyen, a través del IVA aplicado a los alimentos, al sostenimiento de la educación universitaria gratuita y del sistema de salud que también utilizan miles de personas provenientes del exterior.
El esquema actual implica que ciudadanos argentinos, incluidos quienes atraviesan situaciones económicas difíciles, financian con sus impuestos el funcionamiento de universidades públicas de alta calidad.













