El Gobierno de Milei busca privatizar la compañía para terminar con su déficit e impulsar el desarrollo nuclear.
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El Gobierno de Javier Milei confirmó que avanzará con la privatización parcial de Nucleoeléctrica Argentina S.A, la empresa estatal que administra las centrales nucleares Atucha I, Atucha II y Embalse, con el objetivo de terminar con su enorme déficit e impulsar el desarrollo del sector nuclear argentino.
Según las proyecciones oficiales en el Presupuesto 2026, Nucleoeléctrica registrará en 2026 ingresos por $851.039,2 millones, principalmente provenientes de la venta de energía eléctrica al Mercado Eléctrico Mayorista, pero tendrá egresos por $979.169,4 millones en concepto de mantenimiento y operación.
El resultado financiero negativo asciende a -$226.635 millones, lo que la ubica como la empresa con mayor déficit dentro del sector público nacional, por encima de Aerolíneas Argentinas (-$120.654,5 millones), SOFSE (-$66.563,7 millones), AySA (-$43.338 millones) y Corredores Viales (-$35.760,5 millones).
Otras empresas estatales con un importante déficit son EANA (-$21.636,3 millones), Radio y Televisión Argentina (-$8.355,9 millones), Belgrano Cargas y Logística (-$5.811 millones) y Fabricaciones Militares (-$2.062,4 millones).
Central nuclear argentina.
El plan de privatización del Gobierno de Milei
Ante este panorama, el vocero presidencial Manuel Adorni subrayó en conferencia de prensa que el presidente Javier Milei avanzará en el proceso de privatización parcial de la compañía. “Se va a firmar el decreto que da a inicio al proceso de privatización parcial de Nucleo Eléctrica Argentina S.A., empresa que fue incluída dentro de la ley Bases como una de las sujetas a ser privatizadas”, sostuvo el funcionario desde Casa Rosada.
El plan oficial contempla la venta del 44% de las acciones en bloque mediante una licitación pública nacional e internacional, junto con un programa de propiedad participada que reservará hasta un 5% del capital accionario para los trabajadores. El 51% restante quedará en manos del Estado nacional, garantizando el control mayoritario.
Desde el Gobierno de Milei justificaron la medida en función de los objetivos estratégicos del plan nuclear argentino. La decisión responde a la necesidad de "promover la inversión privada dentro del sector con el objetivo de lograr la construcción del primer reactor modular argentino, la extensión de vida de nuestras centrales, impulsar la minería de uranio entre toras cuestiones”, remarcaron.
Central nuclear argentina.
Puntos a favor de la privatización
La privatización de la empresa sería la mejor solución para sus problemas. En primer lugar, el ingreso de capital privado permitiría financiar proyectos de gran escala que el Estado difícilmente podría costear en soledad, especialmente en un contexto de restricciones fiscales, y ahorrándole miles de millones de pesos a los pagadores de impuestos.
Además, la participación privada incorporaría criterios de eficiencia y gestión empresarial que contribuyan a reducir costos y optimizar recursos en una industria altamente demandante en tecnología y mantenimiento.
Por otro lado, también está la oportunidad de acceder a tecnología y conocimientos específicos a partir de la eventual participación de compañías extranjeras con trayectoria en energía nuclear. De este modo, Nucleoeléctrica podría posicionarse mejor en proyectos de innovación, como los reactores modulares pequeños, que hoy representan una tendencia mundial.
La privatización parcial anunciada por el Gobierno busca enviar una señal de confianza a los mercados internacionales, al mostrar a la Argentina como un país dispuesto a generar un marco previsible y atractivo para las inversiones en sectores estratégicos.
Por estos motivos, la privatización de Nucleoeléctrica no solo podría terminar con el enorme déficit que arrastra la empresa estatal, sino también es un paso clave para impulsar el desarrollo del plan nuclear argentino y asegurar que el país cuente con la capacidad de expandir su matriz energética con tecnología de punta.
