La Cámara Federal procesó a Oscar Benítez y Arturo Pagliari por usar documentos falsos en un concurso docente. El fallo revocó un sobreseimiento previo dictado por el Juez Federal N.°1 de Córdoba. Se investiga el uso de catorce certificados falsos en la Facultad de Derecho de la UNC.
Los certificados habrían sido firmados por Pagliari para favorecer a Benítez en su carrera académica. El caso fue impulsado por el abogado Eduardo Pintore, quien se constituyó como querellante particular. La maniobra data del año 2017 y quedó expuesta tras años de omisiones deliberadas.
Los certificados habrían sido firmados por Pagliari para favorecer a Benítez en su carrera académica.
Cada certificado falso fue considerado un delito independiente
La Justicia analizó cada documento por separado y los consideró hechos autónomos con entidad penal propia. Se trataba de certificados que atribuían cargos docentes, ponencias y actividades académicas falsas. Esto agrava la situación judicial de los imputados, abriendo la posibilidad de prisión preventiva.
La causa fue desestimada en primera instancia, pero la Cámara Federal dio lugar al recurso del fiscal Senestrari. También se atendió la apelación de Pintore, quien había denunciado irregularidades desde 2020. El fallo contradijo el criterio del juez Sánchez Freytes y abrió nuevas líneas de investigación.
La Justicia analizó cada documento por separado y los consideró hechos autónomos con entidad penal propia.
La denuncia apuntó al poder interno que domina la Facultad de Derecho
Benítez y Pagliari formaban parte del yanzismo, grupo político que gobierna la Facultad desde hace 28 años. Pintore aseguró que ambos eran funcionarios del espacio dirigido por Pedro Yanzi Ferreira. El yanzismo también integra la coalición que conduce actualmente la Universidad Nacional de Córdoba.
Pagliari fue consejero del claustro de profesores y Benítez coordinador del Departamento de Derecho Público. Ambos fueron ascendidos a cargos superiores pese a estar bajo sospecha penal. La estructura de poder habría operado para impedir sanciones y garantizar sus promociones internas.
El Consejo Directivo y el Superior ignoraron las pruebas presentadas
Pintore denunció las irregularidades en el concurso ante ambos órganos, pero su reclamo fue desestimado. A pesar de contar con pruebas documentales, la universidad no actuó frente al posible delito. Incluso se le negó la posibilidad de iniciar juicio académico contra los imputados.
La solicitud se encuentra frenada desde 2021 por maniobras dilatorias en la Dirección de Sumarios de la UNC. El expediente fue girado sin resolución durante más de cuatro años y sigue sin definiciones. Pintore advirtió que el fiscal académico designado ya se había pronunciado por la inexistencia del hecho.
Días después fue promovido como Profesor Adjunto en Derecho Internacional Público.
Promociones para los acusados y bloqueo a los denunciantes
Mientras el proceso penal avanzaba, Benítez defendió su tesis doctoral con un tribunal afín al yanzismo. Días después fue promovido como Profesor Adjunto en Derecho Internacional Público. En contraste, la postulación de Pintore a un cargo similar fue demorada durante seis meses.
Según el denunciante, esto revela una estructura que premia la obediencia política y penaliza la denuncia. También señaló que la tesis doctoral de Benítez no fue publicada pese a su ascenso. Lo mismo ocurrió con Diego García Montaño, otro funcionario yanzista con trayectoria vinculada.
Ambos fueron ascendidos a cargos superiores pese a estar bajo sospecha penal.
El escándalo revela una crisis institucional profunda en la UNC
Pintore denunció que el encubrimiento fue sistemático y transversal en los órganos de gobierno universitario. La Cámara Federal ordenó investigar nuevos hechos omitidos en la instrucción inicial. Uno de ellos refiere a un certificado de “Coordinador de Adscriptos” con elementos probatorios graves.
La causa no solo involucra a los autores materiales, sino a quienes omitieron actuar a sabiendas de lo ocurrido. Pintore sostuvo que los grupos de presión impidieron el control interno y bloquearon cualquier sanción. El fallo judicial rompe años de impunidad dentro de la estructura universitaria.
La Justicia ratificó el derecho a denunciar y absolvió al querellante
Benítez querelló a Pintore en la Justicia provincial por calumnias tras la denuncia pública del caso. Sin embargo, la Cámara 7.ª del Crimen de Córdoba absolvió al abogado denunciante. La sentencia se considera un hito para la libertad de expresión y el control ciudadano del poder público.
Pintore agradeció el respaldo legal y criticó la complicidad de sectores que llamándose opositores avalaron al oficialismo. Recordó que la lucha fue llevada casi en soledad y con alto costo personal. Señaló que muchos actores internos se mantuvieron en silencio o integraron listas únicas con el oficialismo.
Pintore denunció que el encubrimiento fue sistemático y transversal en los órganos de gobierno universitario.
La caída del yanzismo en las elecciones marcó un cambio de época
En mayo de 2025, el yanzismo perdió por primera vez el control de la Facultad tras casi tres décadas. Pintore adjudica ese resultado al desgaste generado por los casos de corrupción institucional. Considera que la sociedad universitaria empezó a reaccionar ante la decadencia de sus autoridades.
El abogado pidió que este fallo marque el inicio de un cambio estructural en el manejo universitario. Insistió en que la docencia y los estudiantes deben dejar la sumisión y enfrentar la arbitrariedad. “El derecho no es una ley física; necesita de ciudadanos que lo hagan cumplir todos los días”, concluyó.
