La Sindicatura General de la Nación (SIGEN) recuperó la capacidad de auditar el presupuesto de las universidades nacionales, un hecho que genera tensiones con las autoridades académicas, quienes evitan a toda costa la inminente intervención del Gobierno de Javier Milei en la gestión de sus recursos para detectar, entre otras cosas, posibles actos de corrupción.
Este cambio se produce tras un dictamen reciente de la Procuración del Tesoro de la Nación (PTN), que contradice un pronunciamiento anterior del kirchnerismo que había limitado las facultades de la SIGEN.
Hasta finales de 2022, la SIGEN había enfrentado restricciones en su labor de auditoría en las universidades debido a un dictamen firmado por el Dr. Carlos Zannini, que determinó que las previsiones de control interno contenidas en la Ley 24.156 no eran aplicables a las universidades nacionales.

Sin embargo, el nuevo dictamen del PTN establece que el sistema de control interno, conforme a la mencionada ley, sí se aplicará a las universidades, ya que no vulnera su autonomía funcional ni su autarquía administrativa-financiera, tal como lo reconoce la Constitución Nacional.
"(...) En síntesis, a la luz del texto constitucional modificado en el año 1994 y de los antecedentes normativos, jurisprudenciales y de la doctrina de esta Procuración del Tesoro, opino que el sistema de control interno previsto en la Ley de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional N.° 24.156 es de aplicación a las Universidades Nacionales, en tanto el ejercicio de dicho control no contradice ni vulnera la autonomía funcional y la autarquía administrativa-financiera que les reconoce la Constitución Nacional, reglamentada por el Legislador a través de la Ley de Educación Superior N.° 24.521.", se puede leer en el documento.
El 1° de noviembre de 2023, el entonces ministro de Educación kirchnerista, Jaime Perczyk, firmó un convenio con la SIGEN con el objetivo de promover un sistema de control interno adecuado en las instituciones universitarias. Desde esa fecha, se firmaron convenios específicos con 26 de las 62 universidades nacionales, y se espera que las tareas de auditoría comiencen en breve.









