El proyecto de Modernización Laboral impulsado por el Gobierno de Javier Milei incluye, en uno de sus cambios más significativos, la eliminación del Estatuto del Periodista Profesional, una normativa soviética que durante décadas reguló la actividad periodística con una serie de disposiciones específicas que son incompatibles con un modelo moderno de libertad laboral y de expresión.
Entre los puntos más controvertidos de ese estatuto se encuentra la exigencia de una matrícula estatal obligatoria para ejercer el periodismo, un absurdo privilegio que implica la intervención directa del Estado en la habilitación dentro del ámbito de la prensa, perjudicando a todos aquellos periodistas independientes que incluso hacen un mejor trabajo de manera particular.
A esto se suman restricciones operativas que afectan el funcionamiento cotidiano de los medios, como la imposibilidad de tercerizar la cobertura informativa local. Según lo establecido, los hechos ocurridos en una ciudad determinada sólo pueden ser cubiertos por periodistas de ese mismo lugar, limitando la capacidad organizativa y operativa de las empresas periodísticas.
El estatuto también impone límites estrictos en materia de dirección y composición de los medios. Por ejemplo, ningún extranjero puede dirigir un medio de comunicación y cada redacción tiene permitido contar con un máximo de 10% de trabajadores extranjeros. Este tipo de disposiciones establece barreras directas a la participación internacional dentro del ecosistema informativo, restringiendo el acceso y la diversidad profesional en el sector.
