El proyecto de Modernización Laboral impulsado por el Gobierno de Javier Milei incluye, en uno de sus cambios más significativos, la eliminación del Estatuto del Periodista Profesional, una normativa soviética que durante décadas reguló la actividad periodística con una serie de disposiciones específicas que son incompatibles con un modelo moderno de libertad laboral y de expresión.
Entre los puntos más controvertidos de ese estatuto se encuentra la exigencia de una matrícula estatal obligatoria para ejercer el periodismo, un absurdo privilegio que implica la intervención directa del Estado en la habilitación dentro del ámbito de la prensa, perjudicando a todos aquellos periodistas independientes que incluso hacen un mejor trabajo de manera particular.
A esto se suman restricciones operativas que afectan el funcionamiento cotidiano de los medios, como la imposibilidad de tercerizar la cobertura informativa local. Según lo establecido, los hechos ocurridos en una ciudad determinada sólo pueden ser cubiertos por periodistas de ese mismo lugar, limitando la capacidad organizativa y operativa de las empresas periodísticas.
Javier Milei.
El estatuto también impone límites estrictos en materia de dirección y composición de los medios. Por ejemplo, ningún extranjero puede dirigir un medio de comunicación y cada redacción tiene permitido contar con un máximo de 10% de trabajadores extranjeros. Este tipo de disposiciones establece barreras directas a la participación internacional dentro del ecosistema informativo, restringiendo el acceso y la diversidad profesional en el sector.
Otro aspecto central es la regulación de la contratación de nuevos trabajadores. La normativa prohíbe incorporar aspirantes, personas que se inician en el periodismo, sin respetar una proporción obligatoria de 1 aspirante por cada 8 redactores. Esta exigencia limita fuertemente la posibilidad de ingreso al mercado laboral para quienes buscan comenzar su carrera en los medios.
Además, el estatuto contempla la fijación estatal de sueldos, un mecanismo que implica la intervención directa en la determinación de las remuneraciones dentro del sector periodístico. En la misma línea, se le permite al Estado intervenir en la contabilidad y balances de los medios de comunicación.
El presidente Javier Milei.
En este contexto, la eliminación del estatuto por parte del Gobierno de Milei representa un paso fundamental hacia un modelo más libre y menos regulado, en el que el ejercicio del periodismo se encuadre dentro de las normas laborales generales, sin un régimen especial que imponga restricciones adicionales, algo que no se ve en casi ningún país del mundo.
En paralelo, también se pone fin a regímenes especiales que diferenciaban al periodista de un empleado común, una situación que significaba privilegios sectoriales para unos pocos.
La iniciativa forma parte de un proceso más amplio orientado a reducir regulaciones obsoletas y a ampliar las condiciones de libertad en el ámbito profesional, incluyendo el ejercicio del periodismo.
