El gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, defendió la reforma de la Ley de Glaciares que debate el Senado de la Nación Argentina y sostuvo que el análisis ambiental no puede desligarse de la realidad social de las provincias cordilleranas. “No hay impacto ambiental más negativo que la pobreza”, afirmó en declaraciones a Radio Mitre.
El mandatario planteó que el debate debe abandonar posturas ideologizadas que, bajo consignas ambientalistas extremas, terminan afectando el empleo y el desarrollo regional. En provincias como Catamarca, la minería representa una fuente central de trabajo, inversión y recursos fiscales.
Minería, empleo y desarrollo productivo
Jalil fue claro al advertir sobre las consecuencias de frenar la actividad. “Si hoy no tuviéramos minería, tendríamos 7.000 empleos menos”, señaló. Con esa cifra buscó dimensionar el impacto directo que tendría una eventual paralización del sector en una economía regional que depende fuertemente de la producción minera.
El gobernador sostuvo que toda actividad productiva genera algún nivel de impacto ambiental, pero que la discusión debe centrarse en el equilibrio. “Hacer una casa, un hotel o una explotación minera tiene su impacto. Lo que debe evaluarse es el balance que ese emprendimiento tiene en la economía y en la política ambiental”, explicó.
Frente a los cuestionamientos de sectores que históricamente se opusieron a la minería, Jalil remarcó que se trata de una de las actividades más reguladas del país. Según detalló, para otorgar una Declaración de Impacto Ambiental se deben cumplir al menos tres instancias obligatorias de control.
Controles y destino de los recursos
El primer nivel es el ambiental, con evaluaciones técnicas y participación de comunidades. El segundo es el económico, orientado a verificar que el proyecto tenga un impacto positivo real en la provincia. El tercero está vinculado al monitoreo integral del cumplimiento de las condiciones impuestas.
Además, Jalil destacó que los recursos generados por la actividad no quedan en manos de empresas sin retorno social. “Todos los recursos de regalías o fondos extra regalía van a las comunidades”, afirmó, y explicó que esos ingresos permiten fortalecer infraestructura, turismo, agroindustria y obras estratégicas en la puna y la región cordillerana.
En un contexto en el que el Gobierno nacional impulsa una agenda de apertura productiva y promoción de inversiones, el respaldo de Catamarca a la reforma de la Ley de Glaciares se inscribe en una visión que prioriza crecimiento, empleo y desarrollo federal frente a posturas que, bajo el argumento ambiental, terminan consolidando la pobreza estructural en el interior del país.
