La provincia de Salta continúa con su firme decisión de cobrar por la atención médica a ciudadanos extranjeros en sus hospitales públicos. Esta medida, impulsada inicialmente por el gobernador Gustavo Sáenz mediante un decreto, fue luego ratificada por la Legislatura provincial. Recientemente, Fabián Valenzuela, gerente del Hospital San Vicente de Paul, rechazó un planteo de la cónsul de Bolivia, Felipa Huanca, que solicitaba suscribir nuevos convenios para modificar la medida.
Durante una reunión el 13 de agosto, Huanca expresó la intención de establecer un arancel diferencial para ciudadanos bolivianos, debido a las quejas recibidas por sus compatriotas tras la implementación del cobro. Valenzuela, sin embargo, dejó en claro que no había posibilidad de revisar la norma. “Le dije que una solicitud de esa naturaleza estaba fuera de lugar, es como si yo le pidiera que no cumpla la ley en su país”, expresó Valenzuela en declaraciones a Infobae.
Cobro de atención médica en Salta: impacto y cifras
La Ley 8.421 de Salta establece los aranceles que se aplican a extranjeros para consultas médicas, tratamientos específicos y cirugías. Las tarifas incluyen $100.000 por día de internación, $190.000 por internación en salas intermedias y $250.000 por terapia intensiva, entre otros servicios. A partir del segundo semestre, los valores se ajustaron aproximadamente en un 20%.
Desde la implementación de esta medida, la concurrencia de extranjeros en los hospitales salteños disminuyó drásticamente. Valenzuela informó que en el Hospital San Vicente de Paul se pasó de atender a 300 personas por semana a un promedio de solo 5 pacientes. “Hay días en que no viene nadie”, agregó. A pesar de ello, la atención en casos de urgencias que pongan en riesgo la vida continúa siendo gratuita.
Ahorro en el sistema de salud de Salta
La implementación de esta normativa ha tenido un impacto significativo en el presupuesto de la salud pública de Salta. Según datos de la intendencia de Orán, una de las localidades fronterizas con Bolivia, se ahorraron 60 millones de pesos en lo que va del año gracias a los aranceles aplicados a ciudadanos extranjeros. Esta medida forma parte de una estrategia provincial para reducir el uso de recursos públicos por parte de personas que no son residentes de Argentina.
Reciprocidad y antecedentes en Jujuy y Salta
Antes de la sanción de la Ley 8.421, Salta y Jujuy habían suscrito convenios de reciprocidad con Bolivia, permitiendo la atención gratuita de ciudadanos bolivianos en Argentina, a cambio de que los argentinos recibieran el mismo trato en el país vecino. Sin embargo, la falta de cumplimiento por parte de Bolivia, donde varios argentinos fallecieron al no ser atendidos en situaciones de emergencia, llevó a las provincias argentinas a revisar su postura.
El ministro de Salud de Salta, Federico Mangione, fue claro al respecto: “En Argentina tenemos un sistema de salud pública de alta calidad, pero en Bolivia te cobran absolutamente todo. Pacientes argentinos han fallecido en la puerta de hospitales bolivianos porque no los atendieron”. Este fue uno de los principales argumentos del gobernador Gustavo Sáenz al impulsar la medida.
