Removieron a la comunista Marisa Graham, quien quería perpetuarse en el cargo

La polémica situación de la comunista Marisa Graham, titular de la Defensoría de Niños y Adolescentes, quien puso en peligro la institucionalidad al extender su mandato por decisión propia en enero, encontró un cierre este miércoles tras una votación conjunta entre el oficialismo y sectores opositores moderados que resolvieron poner fin, desde ese mismo día, a su gestión.

Sin embargo, la comisión bicameral encargada de supervisar el organismo quedó sumida en una incierta transición, ya que no está claro quién asumirá la conducción de la Defensoría, luego de una caótica y tensa reunión encabezada por la diputada radical Natalia Sarapura, presidente de la comisión.

La polémica con Marisa Graham

Para entender la situación, hay que retroceder unos meses. Desde el último tramo del año pasado, el Gobierno de Javier Milei esperaba que Graham completara su mandato, el cual vencía a fines de febrero, y se retirara de la institución. En ese marco, se postergó la conformación de la comisión bicameral.

Entre las críticas dirigidas a la comunista en el cargo de Defensora figuraban acusaciones de haber copado políticamente el organismo y de haber impulsado activamente la sanguinaria ley del aborto.

La Ley 26.061, sancionada en 2005, sobre la protección integral de los derechos de niños y adolescentes, establece en su artículo 49 que "el Defensor de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes será propuesto, designado y removido por el Congreso Nacional, quien designará una comisión bicameral que estará integrada por diez miembros, cinco de cada Cámara respetando la proporción en la representación política, quienes tendrán a su cargo la evaluación de la designación que se llevará a cabo mediante un concurso público de antecedentes y oposición".

Graham, cuyo mandato finalizaba el 28 de febrero de 2025, intentó quedarse en su puesto al aprovechar una incertidumbre en el funcionamiento de la Bicameral en el Congreso, que no se había conformado debido a las disidencias en su constitución.

En ese contexto, en lugar de dar espacio a una renovación legítima, la ahora extitular de la institución, en su afán de conservar su cargo como todo izquierdista, recibió el respaldo del bloque kirchnerista que, en un claro acto de apoyo político, promovió una resolución a través de la senadora Alicia Kirchner a finales de 2024.

Este respaldo, lejos de ser un avance para la defensa de los derechos de los niños, resultó ser más bien una maniobra política en la que la gestión de Graham buscaba perpetuarse en el poder a base de favores y acuerdos políticos.

Para asegurarse de seguir en el puesto, Marisa Graham emitió el 7 de enero una resolución (1/25) en la que modificó la normativa interna de la Defensoría, basándose en una interpretación muy cuestionable de la Ley 26.061.

En su resolución, argumentaba la existencia de un supuesto "vacío legal" y una "incertidumbre insoslayable" que justificarían su permanencia en el cargo, a pesar de que la falta de reelección o designación de su sucesor no debería ser motivo para vulnerar los principios de renovación y control institucional.

En marzo se conformó finalmente la comisión bicameral y, tras debates, el liderazgo quedó en manos de la radical Natalia Sarapura. Desde ese momento, la comisión evitó reunirse, dando la impresión de que se estaba protegiendo un entendimiento entre sectores del kirchnerismo y la UCR para mantener a Marisa Graham en su cargo hasta que pudiera convocarse a un nuevo concurso. Esta situación fue señalada por otros bloques como de dudosa legalidad y fuera de lo institucionalmente correcto.

No fue sino hasta este miércoles, casi tres meses después del inicio del período ordinario, el 1° de marzo, que la comisión resolvió poner en marcha el proceso de selección, fijando el inicio del concurso para el próximo 16 de junio. A partir de esa fecha comenzará a correr el plazo de 180 días, con posibilidad de prórroga.