Además del registro, el socialismo español también busca restringir los ingresos publicitarios de los medios de comunicación, tanto públicos como privados. En el caso de los medios públicos, se establecerá una prohibición de financiación si no se siguen ciertas ordenes de Sánchez y se obligará a la publicación anual de la inversión publicitaria por parte de las administraciones. Urtasun señaló que actualmente esta información es "escasa" o "poco transparente", y que, con la nueva normativa, todas las instituciones deberán publicar estos datos de manera clara y accesible para que el Gobierno puedo identificar a los medios opositores.
El Ejecutivo también reformará la Ley de Publicidad Institucional para introducir "criterios de transparencia, proporcionalidad y no discriminación" en la asignación de publicidad, como ya había anunciado Pedro Sánchez. Urtasun indicó que estos criterios se elaborarán con la colaboración de "expertos", el sector de la comunicación y los grupos parlamentarios.
Según adelantó el ministro de Cultura, la ley también se modificará para asegurar que los sistemas de medición de audiencia y su metodología cumplan con principios de "transparencia, imparcialidad, inclusividad, proporcionalidad, no discriminación, comparabilidad y verificabilidad". "Vamos a reformar la ley para evitar la manipulación de las audiencias mediante prácticas que alteren las visitas reales", enfatizó.
Con todo esto, el Gobierno socialista de Pedro Sanchez pretende intimidar a los empresarios de medios de comunicación que no se alineen con las directrices de su administración. Sánchez presenta esto como un "ambicioso plan" para "fortalecer nuestra democracia", según el ministro Félix Bolaños, en un contexto donde las investigaciones periodísticas dejaron en evidencia al presidente y su esposa, Begoña Gómez, investigada por corrupción.
