A pesar del respaldo transversal de sectores opositores y del oficialismo, el bloque kirchnerista —una vez más— activó su cerrojo institucional para impedir un avance que hubiera significado un hito ético. Silvia Sapag, senadora cercana a la expresidenta, calificó la norma como una forma de “proscripción” y cuestionó al Poder Judicial. Desde una visión casi confesional, el experimentado José Mayans (Formosa) lanzó una pregunta inquietante: “¿Ustedes creen que la gente cree que se acaba la corrupción con esto?”. En paralelo, su compañera Juliana di Tullio advirtió que se recordará “a cada uno y cada una de los y las que proscriban al peronismo”.
La peronista Florencia López (La Rioja), por su parte, defendió el principio de inocencia hasta agotar todas las instancias judiciales y acusó a la Justicia de ser “pirata”, en una abierta alusión al supuesto “lawfare” contra el kirchnerismo. “Esta justicia tiene su balanza inclinada… en vez de una venda en los ojos, tiene un parche en uno solo”, lanzó.
