Norma municipal restringe el registro de sesiones y genera fuertes críticas de diversos sectores vecinales locales.
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El Concejo Deliberante de Tanti aprobó la Ordenanza 1.542/25 para establecer prohibiciones severas sobre la filmación y registro de sus sesiones públicas. Esta polémica normativa, impulsada por la concejal Rosario Álvarez, representa un retroceso institucional que afecta la transparencia democrática local. Expertos aseguran que la medida es una forma de censura previa que contradice abiertamente las protecciones de nuestra Constitución Nacional vigente.
La reglamentación impone condiciones arbitrarias sobre el uso de la imagen, limitando la autonomía de periodistas y de cualquier ciudadano. Al intervenir en la tarea de prensa, el poder político local asume facultades para decidir qué fragmentos de los actos públicos pueden ser difundidos. Entidades como FOPEA advirtieron que estas normas vulneran derechos fundamentales al impedir que la prensa determine libremente su cobertura habitual.
No solo los medios tradicionales se ven perjudicados, sino que cualquier vecino con un celular ahora enfrenta restricciones para filmar los debates. El conflicto se agravó cuando Álvarez envió una carta documento intimidatoria a Cristina Coudray, responsable del medio local El Diarito de Tanti. La periodista de setenta y nueve años fue amenazada con acciones legales por haber publicado fragmentos de una sesión legislativa de carácter público.
Rosario Álvarez, la concejal impulsora de la polémica normativa
Postura opositora y rechazo a intimidaciones
Maximiliano Stroppa, referente de La Libertad Avanza local, cuestionó con dureza la aplicación de esta normativa y el hostigamiento hacia la prensa crítica. “Como referente de Tanti, considero inaceptable que desde el poder se intente condicionar qué puede mostrarse y qué no de los actos públicos. Este tipo de ordenanzas no fortalecen la institucionalidad, la debilitan”.
El dirigente remarcó que quienes legislan deben rendir cuentas de cara a la sociedad en lugar de protegerse a sí mismos mediante reglamentaciones. “Cuando quienes gobiernan o legislan empiezan a regular la mirada ajena, dejan de rendir cuentas y comienzan a protegerse a sí mismos. En democracia, el cargo no otorga impunidad ni control sobre la información, sino mayor responsabilidad frente a la ciudadanía”.
Para Stroppa, la comunidad requiere mayor participación ciudadana y libertad informativa para transformar la realidad local sin temores ni silencios. “En Tanti necesitamos más control público, más participación y más libertad para informar, no normas hechas a medida del silencio” sostuvo el dirigente.
El referente libertario concluyó su descargo asegurando que el debate político legítimo debe darse siempre de frente a todos los vecinos del pueblo. “El debate político se da de cara a la gente; todo lo demás es temor a la transparencia, aunque se lo disfrace de ordenanza”. La falta de un debate previo y sólido para restringir la información pública deja al descubierto la intención de disciplinar a los comunicadores.
Maximiliano Stroppa, referente de La Libertad Avanza de Tanti
Alerta por el autoritarismo institucional local
La tendencia a controlar a la prensa en pequeñas localidades es un fenómeno preocupante que erosiona las bases de la convivencia democrática regional. En lugar de garantizar la transmisión completa de las sesiones, la respuesta del cuerpo legislativo de Tanti fue limitar el alcance de las grabaciones. La libertad de prensa es una condición indispensable para el control ciudadano del poder y no puede estar sujeta a caprichos de los funcionarios locales.
Informes recientes señalan que las agresiones a periodistas y las restricciones al acceso de datos públicos forman parte de un preocupante patrón. En Tanti, el intento de redefinir la libertad de expresión beneficia exclusivamente al poder político mientras aleja a la población de la realidad. Legislar para decidir cómo se debe informar sobre temas de interés general implica avanzar peligrosamente hacia un estado de silenciamiento forzado.
Resulta relevante mencionar que la autora de la medida es pareja del secretario de Gobierno, lo cual añade una capa de sospecha sobre sus intereses. El blindaje mediante normas que silencian demuestra una incomodidad evidente ante la observación ciudadana y la rendición de cuentas obligatoria. La sociedad demanda transparencia absoluta para fortalecer sus instituciones y asegurar que la libertad de informar sea siempre un derecho inalienable.
