El gobernador de Chubut, Ignacio “Nacho” Torres, anunció que su provincia, junto a Mendoza y Santa Cruz, se suma como querellante en la causa penal que investiga las condiciones en las que el Grupo Petersen, liderado por Enrique Eskenazi, adquirió en 2007 el 25% de las acciones de YPF.
La presentación, realizada en el Juzgado Criminal y Correccional Federal N° 4 de Comodoro Py, busca esclarecer posibles irregularidades en la operación que precedió a la expropiación de la petrolera en 2012 y que derivó en un multimillonario litigio internacional contra el Estado argentino.
Torres subrayó que “las provincias productoras somos accionistas de YPF y vamos a agotar todos los recursos para defender lo que nos pertenece”. Además, adelantó que, si fuera necesario, acudirán al Departamento de Justicia de Estados Unidos para pedir la suspensión de la acción civil en Nueva York hasta que avance la causa penal en Argentina.
El mandatario también cuestionó el fallo de la jueza Loretta Preska, que obliga al país a pagar US$ 16.000 millones a los fondos Burford y Eton Park, al sostener que no contempla que parte de las acciones expropiadas pertenecían a las provincias petroleras.
En paralelo, Chubut presentó un amici curiae ante la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York para defender los intereses de las provincias en el juicio internacional.
La operación original se remonta a 2007, cuando el Grupo Petersen acordó con Repsol la compra del 25% de YPF, financiada con dividendos futuros. Tras la expropiación de 2012, el grupo cedió sus derechos de litigio a Burford Capital, que inició la demanda contra la Argentina. En 2023, la jueza Preska falló en contra del país, aunque eximió a YPF de responsabilidad.
La disputa continúa en tribunales de Estados Unidos, mientras las provincias buscan reforzar su rol como accionistas y proteger sus recursos frente a un fallo que consideran injusto.
