El Gobierno de Javier Milei anunció este lunes la disolución definitiva de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV), en el marco de una profunda reestructuración del Estado orientada a reducir el gasto público, eliminar duplicidades y profesionalizar la gestión de la infraestructura vial en Argentina.
La medida transfiere las funciones de Vialidad al Ministerio de Economía y a una nueva Agencia de Control de Concesiones y Servicios Públicos de Transporte, que será la encargada de planear, ejecutar y fiscalizar las concesiones viales.
La decisión del Gobierno de Milei se debe a que la DNV se había transformado en un organismo sobredimensionado, ineficiente y costoso, con funciones superpuestas y una estructura que ya no respondía a las necesidades actuales del país. Con esta reforma, los argentinos se ahorrarán 87,9 millones de dólares anuales.
Se eliminó Vialidad Nacional.
Según datos oficiales, la Dirección Nacional de Vialidad contaba con 5.184 empleados, de los cuales el 67% realizaba tareas administrativas y solo el 33% operativas. Esta desproporción en la distribución de recursos humanos contrastaba con un escenario vial cada vez más descentralizado: la red nacional se redujo de 50.000 a 40.000 km, mientras las redes provinciales crecieron a más de 200.000 km.
Además, muchas de las tareas centrales de mantenimiento, como desmalezado, señalización o bacheo, ya estaban tercerizadas, y con mejores resultados en manos privadas.
El Gobierno de Milei también detectó fallas estructurales graves, como la falta de controles independientes, ya que la DNV actuaba simultáneamente como contratista y auditora de sus propios contratos. A eso se sumaban equipos subutilizados y procesos internos obsoletos que derivaban en costos operativos innecesarios y baja eficiencia.
Manuel Adorni, vocero presidencial.
La reorganización
El plan de reestructuración prevé una redistribución clara de funciones:
El Ministerio de Economía asumirá la planificación, diseño, mantenimiento y conservación de la red vial nacional no concesionada.
La nueva Agencia de Control de Concesiones y Servicios Públicos de Transporte se encargará de fiscalizar y controlar los contratos de concesión vial y ferroviaria.
Esta reorganización implica también la derogación del Decreto-Ley N.º 505/1958, que regía la actividad de Vialidad, y una transferencia de competencias al Ministerio de Economía y la Secretaría de Transporte.
El ahorro estimado es de 87,9 millones de dólares anuales, gracias a la eliminación de estructuras ineficientes, la reasignación de funciones superpuestas y la optimización de los recursos públicos.
