Tras la movilización política, Milei vetó la Ley de Financiamiento Universitario

El presidente Javier Milei vetó la Ley de Financiamiento Universitario, a pesar de la masiva marcha política que tuvo lugar el miércoles por la tarde en diversas ciudades del país.

La decisión fue formalizada a través del Decreto 879/2024, publicado este jueves en el Boletín Oficial, en el cual el gobierno nacional dejó asentada su postura firme en defensa del equilibrio fiscal y la responsabilidad presupuestaria.

Mediante este decreto, el Ejecutivo Nacional vetó el Proyecto de Ley Nº 27.757, sancionado por el Congreso de la Nación el 12 de septiembre de 2024. El artículo 1 del decreto establece: "Obsérvase en su totalidad el Proyecto de Ley registrado bajo el Nº 27.757", mientras que el artículo 2 ordena la devolución de dicho proyecto al Congreso.

El principal argumento del gobierno para el veto radica en que la ley es "manifiestamente violatoria del marco jurídico vigente". Según lo detallado en el considerando del decreto, las modificaciones introducidas afectarían el régimen financiero de las Universidades Nacionales, sin prever el impacto fiscal ni especificar las fuentes de financiamiento, lo que contraviene el artículo 38 de la Ley N° 24.156 de Administración Financiera.

Responsabilidad fiscal en el centro del debate

El gobierno recordó que, de acuerdo al artículo 126 del reglamento de la Cámara de Senadores, cualquier proyecto que implique gastos debe incluir la estimación de esos costos y la fuente de financiamiento.  En este caso, la omisión de dichos requisitos justifica la imposibilidad de continuar con la discusión legislativa.

El Presidente Milei había anticipado esta medida en un comunicado difundido en la red social X, en el que calificaba al proyecto de financiamiento universitario como  "irresponsable"  y advertía que vetaría cualquier iniciativa que "aumente el gasto público sin contemplar una partida presupuestaria específica".

En el mismo comunicado, Milei enfatizó la necesidad de actuar con responsabilidad en un momento histórico en el que el equilibrio fiscal es crucial para el país.

Críticas al populismo fiscal

En línea con su postura, el Ejecutivo Nacional lanzó duras críticas hacia los dirigentes que participaron en la movilización. Según el gobierno,  la marcha y la defensa del proyecto de ley representan un intento de la dirigencia política, encabezada por figuras de dudosa moral como Cristina Kirchner, Sergio Massa y Horacio Rodríguez Larreta, de obstruir el plan económico del Presidente.

"La universidad pública no está en peligro, lo que peligra es el botín que se reparten", afirmó el propio mandatario en sus redes sociales, haciendo referencia a lo que considera un uso demagógico de los recursos públicos.

Reclamo político en "defensa de las universidades"

Estudiantes, docentes, trabajadores universitarios y organizaciones políticas y sindicales recorrieron las calles de distintas ciudades para expresar su descontento con la decisión del Poder Ejecutivo.

En la Ciudad de Buenos Aires,  el acto central tuvo lugar frente al Congreso de la Nación, liderado por la Federación Universitaria Argentina (FUA), el Frente Sindical de Universidades Nacionales y el Consejo Interuniversitario Nacional.

Durante el cierre de la marcha, se leyó un documento que enfatizaba la "importancia" de las universidades nacionales como base de la democracia y el desarrollo social, destacando la crisis de financiamiento, el deterioro de los salarios y el sistema científico, así como el temor a los recortes presupuestarios para 2025.

El veto como defensa del equilibrio fiscal

Desde la perspectiva del gobierno, el veto de esta ley no es un ataque a la educación pública, sino una defensa de la sostenibilidad fiscal. Para Milei y su equipo, la responsabilidad financiera es fundamental para garantizar un futuro económico estable y sostenible, lo cual también beneficiaría a las universidades a largo plazo.

El financiamiento de la educación debe discutirse en el marco del Presupuesto Nacional 2025, de manera transparente y con previsión de recursos claros, según lo expresado por el Ejecutivo.

Con esta decisión, el presidente Milei reafirma su compromiso de velar por un uso responsable de los recursos públicos, evitando el aumento del gasto sin una planificación fiscal adecuada. El veto presidencial busca preservar el equilibrio fiscal y evitar políticas que puedan comprometer la estabilidad económica del país.