En un movimiento estratégico sin precedentes, la administración del presidente Donald Trump activó de manera simultánea dos iniciativas que reconfiguran el rumbo del continente: una vasta operación militar para desarticular el narcoterrorismo en América Latina y una red comercial preferencial firmada con Argentina, Ecuador y El Salvador. Ambas acciones consolidan un eje hemisférico de cooperación que apunta a restaurar la seguridad, la prosperidad y el liderazgo occidental en la región, alineando a gobiernos como los de Javier Milei, Nayib Bukele y Daniel Noboa.
El Departamento de Guerra de Estados Unidos anunció el lanzamiento de la “Operación Lanza del Sur”, una misión ejecutada por el Comando Sur (SOUTHCOM) y la Fuerza de Tarea Conjunta Southern Spear. El secretario de Guerra, Pete Hegseth, explicó que la operación responde de manera directa a las órdenes de Trump y constituye un paso decisivo para erradicar redes de narcotráfico y narcoterrorismo en el hemisferio.
En un mensaje difundido en X, Hegseth afirmó: “Esta misión defiende nuestra patria, expulsa a los narcoterroristas de nuestro hemisferio y protege a nuestra gente de las drogas que están matando a nuestra población”.
El despliegue incluye la llegada al Caribe del USS Gerald R. Ford, el portaaviones más avanzado de la Armada estadounidense y símbolo del poder militar norteamericano. Su presencia constituye la mayor demostración de fuerza estadounidense en la región en décadas, parte de una campaña más amplia destinada a interrumpir las rutas marítimas del narcotráfico y presionar a gobiernos que colaboran con organizaciones criminales, como la dictadura de Nicolás Maduro en Venezuela.
La iniciativa se suma a ejercicios militares cerca de las costas venezolanas, misiones de inteligencia dentro del país y acciones contra embarcaciones sospechosas en el Caribe y el Pacífico oriental. Según cifras oficiales, estas operaciones han neutralizado individuos clave y destruido infraestructura estratégica utilizada por los cárteles.
El secretario de Estado, Marco Rubio, tras su participación en el G7 en Canadá, reiteró que la prioridad es detener el flujo de drogas hacia Estados Unidos mediante el combate directo a “narcoterroristas organizados”, subrayando que todas las medidas responden a directrices expresas del presidente Trump.
La dictadura venezolana reaccionó anunciando una “movilización masiva” de tropas en ejercicios militares que incluyeron recursos navales, aéreos, terrestres y sistemas de misiles. El ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, justificó la maniobra para enfrentar supuestas “amenazas imperialistas”.
En Colombia, Gustavo Petro —sancionado recientemente por Washington por tolerar actividades de narcotráfico— suspendió de manera inicial el intercambio de inteligencia con Estados Unidos, aunque luego condicionó la cooperación a garantías en materia de derechos humanos.
En México, la presidente comunista Claudia Sheinbaum ordenó operativos de la Secretaría de Marina para interceptar embarcaciones sospechosas en aguas internacionales, tras negociar un acuerdo destinado a evitar incidentes con fuerzas estadounidenses.
Mientras avanza la operación antidrogas, la Casa Blanca anunció también la firma de tres acuerdos de libre comercio con Argentina, Ecuador y El Salvador, consolidando un bloque de cooperación económica alineado con las democracias promercado del hemisferio.
Según el comunicado oficial, los pactos buscan transformar los aranceles generalizados impuestos meses atrás y avanzar hacia un sistema de intercambio “más equilibrado y recíproco”.
Los productos clave para los consumidores estadounidenses —como banano, café y cacao— podrían ver reducciones de precio, fortaleciendo el poder adquisitivo de la clase media. A cambio, los países latinoamericanos abrirán sectores estratégicos a exportaciones estadounidenses, integrándose más profundamente con la economía norteamericana.
Un alto funcionario del gobierno de Trump aseguró que estos acuerdos “ayudarán a estabilizar los precios de productos básicos y reducir el déficit comercial de Estados Unidos a largo plazo”, marcando un realineamiento estructural del vínculo económico con la región.
Los países aliados a Washington emergen como los principales ganadores del nuevo esquema:
