Un sector impulsa sanciones y exige apartar a De Loredo, Carrizo y Cossar, que acompañaron a libertarios y peronistas.
Agregar La Derecha Diario en
Compartir:
La tensión interna volvió a la UCR de Córdoba cuando un grupo de referentes llevó al Comité Provincia un escrito que reclama sanciones duras para dirigentes de peso. La presentación incluyó pedidos formales de expulsión contra Rodrigo de Loredo, Soledad Carrizo, Marcelo Cossar y varios intendentes que apoyaron listas ajenas. Los denunciantes sostienen que estos dirigentes colaboraron, fiscalizaron o hicieron campaña contra la Lista 3 en las elecciones legislativas de octubre.
El documento acusa a cada dirigente por acciones específicas y remarca que Cossar se incorporó como funcionario del Ministerio de Defensa impulsado por el mileísmo. Según los firmantes, el ex concejal también habría promovido el voto a favor de La Libertad Avanza y participado de su estructura de fiscalización. El texto apunta además a un deterioro del vínculo interno producto de posicionamientos que consideran incompatibles con la línea tradicional del radicalismo.
La denuncia también incluye al diputado De Loredo, a quien cuestionan por afirmar públicamente que no votó a la UCR porque la lista estaba “confeccionada con el peronismo”. Los firmantes definen esa postura como “falaz, repugnante y cobarde”, y aseguran que su equipo colaboró con el oficialismo libertario durante la campaña. Carrizo, en tanto, es apuntada por sacarse fotos con Bornoroni y Cossar en el búnker libertario y por sostener que vería con agrado una futura incorporación radical al gobierno nacional.
Cossar, De Loredo y Carrizo, los 3 dirigentes radicales con pedidos de expulsión del partido
El Tribunal de Conducta y el alcance de las sanciones posibles
La ofensiva interna se desarrolla en un clima de creciente disputa identitaria que expone nuevamente fracturas históricas dentro de la UCR provincial. El Tribunal de Conducta deberá analizar las acusaciones y evaluar si existe sustento legal para avanzar con sanciones que solo podrían prosperar en casos donde hubo participación directa en listas ajenas. Las presentaciones anticipan un debate complejo en un radicalismo donde cada gesto adquiere connotaciones nacionales y cada alineamiento altera el tablero interno.
El antecedente de la dirigente Myrian Prunotto, cuyo expediente aún no tuvo un dictamen definitivo de expulsión, aparece como referencia inevitable para el análisis próximo. Dirigentes del partido advierten que el caso marcó un precedente sobre la dificultad de expulsar a figuras que compiten por fuera de la estructura, incluso cuando existe voluntad política de sancionarlas. El Tribunal deberá resolver ahora si los hechos denunciados alcanzan el umbral necesario para aplicar medidas disciplinarias.
En paralelo, los intendentes señalados por haber apoyado el frente Provincias Unidas enfrentan un desafío adicional que trasciende la resolución partidaria inmediata. Muchos dependen del sello radical para competir por la reelección en 2027, lo que podría obligarlos a negociar otros sectores y con aliados peronistas que aspiran a ocupar sus lugares. Mientras tanto el oficialismo provincial impulsa consolidar Provincias Unidas como un espacio estable que reúna a todas las corrientes del amplio arco no kirchnerista.
