La presentación del Presupuesto 2026 expone un giro contundente en la gestión local, que ahora adopta el equilibrio fiscal como prioridad ante el reclamo general. Las autoridades municipales destacaron que las cuentas del próximo año no mostrarán rojo, algo que no ocurría desde hace siete ejercicios. El plan financiero prevé ingresos y gastos equivalentes a 1,48 billones de pesos y plantea una asignación mayoritaria hacia compromisos corrientes.
La Secretaría de Administración Pública y Capital Humano explicó que el presupuesto asigna un 84% de los recursos al funcionamiento del municipio, destinando el resto en obras y bienes de capital. Este diseño es presentado como el desenlace de una corrección progresiva que, desde 2019, buscó contener un déficit que en aquel momento marcaba 8,4%. La estructura fiscal ahora se apoya en la premisa de que la ciudad debe sostener sus obligaciones sin depender del endeudamiento.
El Ejecutivo cordobés recordó que el municipio ya canceló más de 95 millones de dólares del bono internacional emitido en 2016, y que en 2026 se afrontarán otros 43 millones. En paralelo, destacaron que la calificadora Moody’s valoró la mejora en los márgenes operativos y la moderación del endeudamiento, lo que se vincula con un esquema menos expansivo. El contexto político, marcado por la victoria electoral de La Libertad Avanza, consolidó además una exigencia ciudadana de mayor austeridad.
Daniel Passerini, intendente de Córdoba
Reducción de tributos para impulsar la actividad económica
Uno de los ejes del proyecto es una reducción del 30% en todas las alícuotas del régimen general de Comercio e Industria, lo que alcanzará al 85% del padrón local. La medida abarca a unas 20.000 firmas que verán un alivio directo en sus obligaciones fiscales, donde la presión tributaria condiciona la inversión. El municipio confirmó que no habrá incrementos en los mínimos por actividad, lo que profundiza el beneficio para pequeños y medianos contribuyentes.
El esquema impositivo del Presupuesto también incluye recortes focalizados en sectores específicos, con una baja del 17% para entidades financieras y una reducción del 50% para las ART. Las autoridades remarcaron que este rediseño busca acompañar la dinámica económica sin deteriorar la recaudación, aprovechando el ordenamiento fiscal conseguido en los últimos años. El cambio responde al clima social que reclama incentivos reales a la producción y menos carga impositiva sobre actividades esenciales.
El Inmobiliario Urbano mantendrá los valores vigentes a diciembre de 2025 y ajustará por IPC desde 2026, lo que implica sin aumentos reales por encima de la inflación. El Automotor mantendrá alícuotas sin variaciones, actualizando solo la tabla de ACARA en un 15% para evitar saltos bruscos que afecten a los contribuyentes. Estas decisiones buscan dar previsibilidad tributaria en un escenario donde la estabilidad fiscal es percibida como requisito básico para la inversión.
El Presupuesto incluye una reducción del 30% en todas las alícuotas del régimen general de Comercio e Industria
Normas para promover inversiones y ordenar el gasto público
El Presupuesto 2026 reglamenta la Ordenanza 13.562 y activa el Régimen de Promoción de Actividades Productivas, destinado a industrias estratégicas. Además, garantiza estabilidad fiscal por diez años para emprendimientos ligados a sectores como turismo, salud, desarrollo urbano e industria, evitando incrementos de alícuotas y permitiendo incluso futuras reducciones. La iniciativa habilita un marco que favorece inversiones sin comprometer el equilibrio de las cuentas públicas.
El proyecto también deroga formalmente la Emergencia Sanitaria, mientras que la Emergencia Económica se mantendrá activa hasta la cancelación total de la deuda externa vigente. La Emergencia del Transporte seguirá operativa por la situación del sistema, aunque bajo un esquema más controlado. Estos cambios apuntan a ordenar normativas acumuladas en la última década y adecuarlas a un estadio fiscal menos crítico.
La propuesta incluye una simplificación presupuestaria que elimina 21 programas y reduce 111 partidas, con el objetivo de transparentar y agilizar la administración del gasto. Además, establece que los entes municipales no podrán incorporar personal a planta permanente sin autorización del Ejecutivo. El Concejo Deliberante cordobés iniciará el debate en los próximos días, en un contexto donde la sociedad exige menos gasto superfluo y mayor eficiencia en el uso de recursos públicos.
