El clima de estabilidad tributaria que durante años caracterizó a Uruguay podría enfrentar un giro drástico. El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) evalúa incorporar, dentro del proyecto de Ley de Presupuesto, un impuesto a la rentabilidad de los depósitos e inversiones en el exterior pertenecientes a residentes uruguayos. La medida, revelada por el semanario Búsqueda, apunta a modificar el actual Impuesto a las Rentas de las Personas Físicas (IRPF), que desde la reforma tributaria de 2007 no grava las ganancias de capital obtenidas fuera del país.
El alcance de esta posible reforma es de alto impacto: según cifras oficiales, los activos de uruguayos en el extranjero sumaron en 2023 unos 62.000 millones de dólares, lo que equivale al 79% del Producto Interno Bruto nacional. El salto respecto a 2019, cuando el monto era de 27.171 millones, muestra la creciente magnitud de este capital.
Fuentes del MEF, encabezado por Gabriel Oddone, confirmaron que se estudia incluir el tributo en el Presupuesto para forzar un tratamiento legislativo rápido y evitar el desgaste político que suele provocar un debate impositivo autónomo. Desde el oficialismo, algunos defienden la medida como un “perfeccionamiento” de tributos existentes, con un destino preferente para financiar políticas de primera infancia. El impulso también cuenta con el respaldo del PIT-CNT, la principal central sindical, que exige un gravamen del 1% al 1% más rico del país.
Sin embargo, las advertencias no tardaron en llegar. El diputado opositor Diego Echeverría calificó la propuesta como “matar a la gallina de los huevos de oro” y alertó sobre el riesgo de “espantar inversores” y “generar desempleo en Maldonado”, departamento que se ha beneficiado de la llegada de capitales y residentes extranjeros gracias a la previsibilidad tributaria. “Haber ingresado en la discusión del impuesto al 1% más rico y ahora este nuevo anuncio solo sirve para espantar inversores. Es transitar el camino del ‘kirchnerismo tributario’”, advirtió.
