La reciente filtración de documentos internacionales dejó al descubierto una compleja red de desinformación financiada desde Rusia que operó en distintos países, incluyendo Argentina, con el objetivo de influir en la agenda política y erosionar gobiernos no alineados con el Kremlin. La revelación de documentos filtrados sobre una red internacional de desinformación sacudió el escenario mediático argentino y colocó en el centro de la escena a Roberto Navarro, director del medio El Destape, acusado de haber sido una pieza clave en la difusión de contenidos alineados con intereses del Kremlin y dirigidos a desgastar la imagen del gobierno de Javier Milei.
Según la investigación, la operatoria consistió en una estructura coordinada de propaganda que combinó financiamiento directo, uso de inteligencia artificial y manipulación informativa para influir en la opinión pública. En ese esquema, El Destape aparece como uno de los principales canales de difusión en Argentina. Los documentos atribuyen a ese medio la publicación de 27 artículos diseñados para “esmerilar” la imagen del gobierno nacional, con un presupuesto asignado de $27.000 dólares, dentro de un sistema en el que se pagaban entre 350 y 3.100 dólares por nota. Estos contenidos, según las pruebas recolectadas, respondían a “guiones” enviados desde San Petersburgo, lo que sugiere una coordinación directa con operadores rusos.
La gravedad del caso radica no solo en los montos, sino en la metodología utilizada. La red recurrió a la creación de periodistas falsos mediante inteligencia artificial, cuyas firmas aparecían en distintos medios para otorgar credibilidad artificial a los artículos. Estas identidades, sin trayectoria verificable, formaban parte de una estrategia para blanquear narrativas prorrusas dentro del ecosistema mediático argentino.
Entre los casos más emblemáticos figura el de Manuel Godsin, un supuesto académico que firmó notas sobre las “protestas universitarias” contra el gobierno. Su perfil fue completamente desmentido: no solo no existía, sino que su imagen correspondía al ciudadano ruso Mikhail Malyarov, ya identificado en 2025 como parte de operaciones similares en África. Un informe de Code for Africa, basado en un reporte de OpenAI, confirmó que se trataba de una “identidad ficticia” creada para “blanquear narrativas rusas en los medios de comunicación convencionales”, utilizando herramientas como ChatGPT.
La operatoria incluyó múltiples firmas fantasma, como Gabriel Di Taranto, Juan Carlos López y Marcelo Lopreiatto, quienes publicaron artículos en medios como Diario Registrado, C5N y Ámbito. En conjunto, solo en Diario Registrado se identificaron 26 artículos financiados por 28.600 dólares, mientras que en C5N se registraron 17 publicaciones por 32.500 dólares.
Sin embargo, el caso de El Destape adquiere especial relevancia por su volumen de publicaciones y su rol editorial. Bajo la dirección de Roberto Navarro, el medio habría funcionado —según los documentos— como un vehículo clave para insertar contenido guionado desde el exterior en la agenda pública local.
Además, uno de los episodios más graves vinculados al medio fue la difusión de una noticia falsa sobre tres argentinos detenidos en Chile con explosivos y un dron para sabotear un gasoducto, un contenido que habría tenido como objetivo generar una crisis diplomática y escalar tensiones regionales. Frente a las consultas de un consorcio internacional de periodistas, los responsables de El Destape no brindaron explicaciones y procedieron a eliminar artículos señalados, lo que refuerza las sospechas sobre una operatoria clandestina y falta de transparencia.
El rol de Ariel Lijalad, periodista del mismo medio, también es señalado como un amplificador de narrativas de crisis económica, social y política, en línea con los objetivos de la inteligencia rusa de profundizar el malestar interno en Argentina.
El caso ya escaló al ámbito judicial. En abril de 2026, el abogado Jorge Monastersky presentó una denuncia que quedó en manos del juez Sebastián Ramos y el fiscal Ramiro González. La investigación busca determinar si el financiamiento recibido desde el exterior configura delitos bajo la Ley de Inteligencia Nacional (25.520) y si puede ser considerado un acto de “traición a la patria”.
