Los indocumentados deberán cumplir con una serie de requisitos para regularizar su situación o serán expulsados.
Una de las reformas clave fue la tipificación del delito de organización de la migración ilegal como un crimen especialmente grave, con sanciones severas que incluyen la confiscación de bienes y dinero obtenidos al facilitar la trata de personas.
Estas medidas tienen como objetivo desmantelar las redes de tráfico humano y eliminar los incentivos financieros de los delincuentes involucrados en estas actividades.
Estas nuevas políticas fueron implementadas en respuesta a un ataque terrorista islámico ocurrido en marzo en el ayuntamiento de Crocus City, cerca de Moscú, en el que murieron 145 personas y aproximadamente 500 resultaron heridas.
Los atacantes, identificados como ciudadanos tayikos, llevaron a Putin a revisar las políticas migratorias, subrayando la importancia de equilibrar la seguridad con la necesidad de trabajadores inmigrantes para sostener la economía del país.
En un foro en San Petersburgo, Putin destacó que Rusia no podía ignorar los problemas derivados de la inmigración ilegal, pero también reconoció la dependencia del país de los trabajadores extranjeros debido a los bajos índices de desempleo y los desafíos demográficos.
Además, las reformas incluyen una ley que obliga a los niños inmigrantes a pasar exámenes de idioma ruso antes de poder inscribirse en las escuelas, con el objetivo de mejorar su integración en la sociedad rusa.
El Ministerio del Interior será responsable de supervisar la implementación de estas medidas, lo que marca un cambio hacia un control migratorio más centralizado y la aplicación de normas más estrictas, en contraste con el sistema fragmentado de gestión migratoria que existía anteriormente en Rusia.
El presidente ruso, Vladimir Putin, firmó un decreto que establece un plazo hasta el 30 de abril de 2025 para que los inmigrantes ilegales en Rusia regularicen su estatus o abandonen el país. Este decreto es parte de un esfuerzo por parte del gobierno ruso para endurecer la política migratoria.
Los inmigrantes ilegales deberán cumplir con una serie de requisitos para regularizar su situación, tales como presentar datos biométricos, someterse a exámenes médicos para detectar drogas, enfermedades infecciosas y VIH, así como aprobar pruebas de idioma, historia y sistema legal rusos.
Además, se exige que los inmigrantes paguen deudas pendientes y se aseguren de que sus permisos de trabajo o residencia sean válidos.
El decreto también contempla excepciones para los extranjeros indocumentados que firmen contratos con las fuerzas armadas rusas, lo que les permitirá evitar la deportación.
Este movimiento refuerza el enfoque del Kremlin para controlar la inmigración ilegal y fortalecer la seguridad en el país, a medida que Rusia enfrenta un aumento en la inmigración ilegal y busca regularizar la presencia de extranjeros en su territorio.
En 2024, Rusia implementó nuevas leyes y medidas para reforzar el control sobre la inmigración ilegal, estableciendo un registro de "personas controladas" para rastrear a los inmigrantes indocumentados. A partir del 5 de febrero de 2025, las autoridades podrán expulsar a los extranjeros ilegales sin la necesidad de una decisión judicial, agilizando así el proceso de deportación.
