Millonaria inversión fallida en 2016 de escáneres de la JCE reabre debate

De los U.S.$39,7 millones invertidos, U.S.$13 millones aún no han sido salvados por el Estado. A ello se suma el gasto continuo de almacenamiento de los equipos, los cuales han permanecido en desuso desde 2016.

Organizaciones de la sociedad civil y sectores políticos han cuestionado que dicha inversión equivale al costo estimado de construir más de 45 escuelas públicas con jornada extendida, o cubrir programas de becas universitarias para miles de estudiantes dominicanos.

Hasta la fecha, no se ha determinado responsabilidad penal o administrativa por esta inversión fallida. Aunque la JCE consideró el error institucionalmente, ni el Poder Ejecutivo de entonces ni la Cámara de Cuentas han dado detalles concluyentes sobre investigaciones o sanciones.

En múltiples ocasiones, los legisladores han exigido una auditoría completa y la apertura de expedientes judiciales, señalando que “no se puede permitir que errores de esta magnitud queden impunes”.

La experiencia dejó en evidencia la necesidad de reformar los protocolos de adquisición tecnológica en procesos electorales. La actual JCE ha reiterado su compromiso con la transparencia y la implementación de evaluaciones técnicas rigurosas antes de cualquier nueva compra.

No obstante, la ciudadanía aún espera respuestas concretas. El caso de los escáneres sigue siendo un recordatorio de los altos costos económicos e institucionales que implica la falta de planificación y supervisión en el uso de fondos públicos.

Esto generó retrasos en el escrutinio y alimentó denuncias de irregularidades por parte de partidos y observadores electorales.

Un informe técnico posterior de la propia JCE desaconsejó volver a utilizar los dispositivos, calificando su desempeño como “deficiente y riesgoso para la transparencia del proceso electoral”.