Los atacantes embistieron contra un vehículo blindado, lo inutilizaron y luego se grabaron saqueando armas y chalecos antibalas de las víctimas, en un desafío abierto al Estado haitiano y a la comunidad internacional.
El hecho ocurre en un país donde el 90% de la capital está bajo control de pandillas , según estimaciones de la propia ONU, lo que convierte a las autoridades en meros espectadores de un territorio dominado por criminales que imponen su ley a punta de fusil.
El 90% de Puerto Príncipe sigue bajo control de bandas, mientras la misión de la ONU opera con menos de la mitad del prometido personal.
La emboscada pone en entredicho la efectividad de la misión de apoyo de la ONU, que opera con menos de la mitad del prometido personal y sin un plan claro para recuperar Puerto Príncipe.
En lugar de contener el avance de las bandas, la misión parece diluirse en la burocracia, mientras los criminales consolidan su poder, controlan carreteras estratégicas, extorsionan a comerciantes y mantienen barrios enteros como zonas de guerra.
La moral de la policía haitiana se encuentra al borde del colapso. Con más de un centenar de agentes asesinados en los últimos tres años y recursos limitados, los nuevos cuerpos de élite se convierten en blancos fáciles para bandas que exhiben una superioridad armamentística y logística evidente.
Lo ocurrido en Kenscoff es un retrato de un Estado fallido: policías ejecutados a sangre fría, armas robadas que refuerzan el arsenal criminal y una comunidad internacional que promete ayuda pero entrega resultados mínimos.
Haití se desangra mientras los discursos diplomáticos se acumulan en el Consejo de Seguridad y los ciudadanos huyen de la violencia como pueden.
El mensaje de las bandas es claro: no temen ni al Gobierno haitiano ni a la ONU.
