Sin embargo, detrás del discurso de seguridad se esconde un proyecto que coloca a su compañía, Vectus Global, en el mismo corazón del poder económico y político haitiano: la recaudación de impuestos, incluyendo sanciones y tarifas sobre mercancías importadas desde la República Dominicana.
La noticia ha generado alarma tanto en Puerto Príncipe como en Santo Domingo. Prince, recordado por el papel de Blackwater en la guerra de Irak donde su empresa fue acusada de múltiples violaciones a los derechos humanos.
Erik Prince, en una presentacion oficial en Guayaquil
Pretende replicar en el Caribe un modelo privatizado de seguridad y control fiscal, en un país devastado por la violencia y la debilidad institucional.
En la práctica, el plan equivale a entregar la soberanía haitiana en manos de un contratista privado, transformando a Vectus Global en una especie de Estado paralelo con poder sobre aduanas, impuestos y seguridad.
Se trata de una reedición del intervencionismo extranjero en Haití, ahora bajo el disfraz de la “seguridad empresarial”.
Los empresarios criollos ya anticipan que esta maniobra podría convertirse en una barrera comercial disfrazada de control aduanero, poniendo en riesgo millas de empleos en la frontera.
Mientras tanto, organizaciones de derechos humanos y analistas internacionales advierten que Erik Prince no llega como un salvador, sino como un hombre de negocios que busca lucrarse del caos haitiano. No se trata de pacificación, sino de privatización del Estado.
El verdadero problema es que la crisis haitiana, una vez más, se convierte en campo de experimentación para intereses extranjeros, donde la miseria de millones de haitianos sirve de excusa para que empresas privadas hagan caja.
