El proyecto de ley discutido en la Cámara de Diputados, que busca reformar el manejo de las fianzas de alquiler, ha desatado un intenso debate entre propietarios, inquilinos y expertos en derecho inmobiliario.
La iniciativa propone que los arrendadores ya no puedan retener directamente la fianza ni depositarla en el Banco Agrícola, sino que deban hacerlo en una entidad bancaria local cercana al inmueble, adjuntando una copia del contrato de arrendamiento.
El proyecto busca evitar abusos, como la retención injustificada de fianzas por parte de los propietarios, un problema recurrente según denuncias de inquilinos.
Al depositarse en bancos locales, se facilita la trazabilidad y devolución automática al finalizar el contrato, siguiendo modelos similares al régimen de Aragón, donde el depósito es obligatorio y gratuito.
La medida fomentaría la inclusión de bancos regionales, alejándose de entidades nacionales como el Banco Agrícola, lo que podría dinamizar economías locales.
Propietarios argumentan que el trámite generará más papeleo y demoras, especialmente en zonas rurales con menor acceso bancario.
La discusión sigue abierta, pero sin diálogo con sectores afectados, el riesgo es repetir errores de jurisdicciones agrarias, donde leyes bienintencionadas fracasaron por falta de pragmatismo.
