Los menores rescatados fueron puestos bajo protección directa del CONANI (Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia), recibiendo acompañamiento psicológico y medidas de restitución de derechos.
La operación movilizó un impresionante dispositivo de seguridad y justicia, 35 fiscales del Ministerio Público, más de 500 efectivos de diversas agencias estatales, participación de múltiples instituciones.
Enfoque principal: Combatir proxenetismo, explotación sexual comercial y tráfico ilícito de migrantes.
La procuradora adjunta Yeni Berenice Reynoso destacó que "la Operación Atlántico tiene varias fases y va más allá de una simple operación de interdicción", subrayando el carácter estratégico y permanente de esta iniciativa del estado.