El Estado municipal deja a la gente a merced de quienes imponen la violencia con absoluta impunidad y sin temor a sanciones. Desde hace once años, los vecinos de Villa Allende Parque denuncian lo mismo y jamás obtienen soluciones. Ruidos insoportables, peleas y disparos forman parte de un calvario que el intendente elige ignorar: la "Casita del after".
En este lugar, las noches se repiten con un patrón de caos sostenido de consumo de alcohol y drogas que terminan en amenazas de muerte y hogares sitiados. La policía apenas patrulla, pero cuando aparecen los hechos graves se escapan con excusas que ya nadie cree. Mientras tanto, Passerini concentra sus energías en discursos y gestos teatrales, sin resolver un solo problema real.
Apenas ayer, el intendente inauguró la "Casa de las Infancias" con frases sobre ternura como si ese fuera el problema más urgente de Córdoba. La puesta en escena incluyó críticas al Presidente, pero ninguna referencia al drama que atraviesan miles de vecinos. La indiferencia hacia la inseguridad revela prioridades invertidas y una gestión desconectada.
Disturbios a la salida de una fiesta clandestina en la "Casita del after"
La fiesta clandestina goza de más protección que los cordobeses
Vecinos que se animan a denunciar son perseguidos y hasta apuntados con armas mientras el municipio guarda silencio. El miedo se multiplica porque quienes sostienen el negocio clandestino saben que no existe autoridad dispuesta a enfrentarlos. La ausencia de políticas serias por parte del municipio deja a toda la zona a merced de mafias cada vez más violentas.
El contraste es claro: se invierten recursos para sostener un municipio enorme y en actos de propaganda, pero nada en resolver problemas reales. El intendente prefiere inaugurar espacios simbólicos y sin valor práctico real antes que garantizar la paz básica en los barrios. La seguridad se transforma, así, en un privilegio, no en un derecho para todos.
La pregunta es inevitable: ¿qué esperan para actuar si ya existen denuncias, amenazas y disparos en medio de la vida cotidiana de la gente?. Once años de denuncias prueban que no se trata de casos aislados ni de exageraciones vecinales. El Estado municipal renuncia a su deber y legitima la impunidad con su constante y elegida inacción.
