Se investigan robos de motos y fallas de custodia que habrían beneficiado a los imputados.
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El juez Gustavo Hidalgo resolvió enviar a juicio a cinco efectivos de la policía de Córdoba por delitos cometidos en el Depósito Judicial N.º 2, ubicado en Potrero del Estado. Los acusados son el comisario Víctor Daniel Cabral, el subcomisario Julio Jorge Benítez, el agente Carlos Ariel Contreras, la cabo Belén Villagra y el cabo José María Ramacciotti. La investigación abarca robos entre mayo de 2020 y diciembre de 2021 e incluye 33 motos, partes de autos y una bicicleta en la casa de Villagra.
Cabral, Benítez, Contreras y Villagra afrontan cargos por incumplir deberes y encubrimiento, mientras Ramacciotti es acusado de hurto con un vehículo policial. Según el juez, los robos no hubieran sido posibles sin la acción u omisión de los jefes del depósito, quienes debían garantizar la seguridad de los bienes retenidos. La falta de protocolos y controles adecuados habría facilitado la salida de los vehículos robados y la manipulación de los objetos almacenados.
Es posible detectar las deficiencias de seguridad del predio, identificando la ausencia de medidas preventivas que habrían impedido la comisión de los delitos. Se acusa al agente Contreras de no controlar correctamente el portón de ingreso y egreso, lo que permitió la circulación irregular de las motos sustraídas. La causa fue llevada por la Fiscalía de Instrucción en lo Penal Económico de Córdoba, que reunió pruebas y testimonios esenciales para llevar el juicio.
Gustavo Hidalgo, juez de la causa
Fallas graves en custodia y conducta cuestionable de efectivos policiales
Los investigadores remarcaron que la negligencia de los jefes Cabral y Benítez contribuyó directamente a la vulnerabilidad del depósito, generando oportunidades para el hurto. Villagra y Contreras habrían facilitado la manipulación de objetos y la salida de vehículos, comprometiendo la integridad del lugar. Los fiscales sostienen que los protocolos internos fueron ignorados sistemáticamente, permitiendo que los ilícitos se repitieran sin intervención oportuna.
El accionar de Ramacciotti, utilizando un móvil oficial para transportar la moto sustraída, evidencia un abuso flagrante de autoridad y recursos públicos. La presencia de la bicicleta en la vivienda de Villagra sugiere que el encubrimiento incluyó la distribución de bienes entre los implicados. La investigación apunta a demostrar que los cinco policías aprovecharon su posición para cometer delitos y obstaculizar la justicia, afectando la confianza ciudadana.
La conducta de estos agentes evidencia graves irregularidades en el cumplimiento de sus funciones y una falta de ética profesional alarmante. La negligencia de los superiores y la participación activa de otros efectivos comprometen la credibilidad de la institución policial. Hechos de esta magnitud exigen sanciones ejemplares y revisión de los mecanismos de control interno para evitar que se repitan incidentes similares en el futuro.
