El Tribunal Oral Federal N°1 de Mendoza sentenció a Lucas Daure Suárez por aplicar tormentos físicos y humillaciones psicológicas en 2015. Los abusos fueron cometidos contra soldados voluntarios durante entrenamientos irregulares en una base del Ejército en Mendoza. Las víctimas declararon que recibieron golpes, descargas eléctricas y simulacros de asfixia con bolsas plásticas.
Los hechos ocurrieron en la Compañía de Comunicaciones de Montaña 8, ubicada en la provincia de Mendoza, y fueron denunciados dentro del propio Ejército. El tribunal determinó que las prácticas eran ajenas al reglamento militar y tenían como único fin humillar a los aspirantes. El acusado ya no formaba parte de la fuerza al momento del juicio y trabajaba en una empresa tecnológica en Canadá.
Daure Suárez fue condenado a un año y medio de prisión condicional, sin ir a la cárcel, e inhabilitado para ejercer cargos públicos. Junto a él también fue sentenciado el sargento ayudante Sixto Pucheta Velázquez, quien participó en los mismos entrenamientos. Ambos fueron considerados culpables de abusar del poder que les confería su rango militar durante la instrucción.
El fallo subraya la ilegalidad de los castigos utilizados en nombre de la disciplina
El tribunal calificó de “ilegales” los ejercicios conocidos como “campo de prisioneros” y “chasqui de guerra”, con los que sometían a los jóvenes soldados. Testimonios revelaron escenas de interrogatorios simulados en los que se los mojaba, se les tapaban los ojos y se los golpeaba con brutalidad. Un conscripto aseguró que le echaron agua creyendo que era nafta y luego le aplicaron una picana eléctrica.
Estas acciones no sólo carecían de sustento reglamentario sino que atentaban contra la dignidad y la integridad de los aspirantes. Según los jueces, existió una intención deliberada de castigar, humillar y someter a los voluntarios mediante el miedo y la violencia física. La condena deja en claro que no pueden naturalizarse este tipo de abusos como parte de un entrenamiento militar.
La formación del ex teniente como piloto e instructor militar no impidió que desarrollara estos métodos aberrantes y humillantes. Si bien ahora se desempeña en el sector privado, la justicia argentina logró responsabilizarlo por las violaciones cometidas. El fallo busca marcar un precedente para evitar que este tipo de prácticas vuelvan a repetirse dentro de las fuerzas.
Este tipo de conductas deshonran profundamente la labor de las Fuerzas Armadas argentinas, que hoy cumplen un rol destacado al servicio de la patria. Mientras el actual gobierno nacional busca reivindicar la figura del militar comprometido y profesional, estos hechos opacan ese esfuerzo. Castigar con firmeza estos abusos es clave para preservar el prestigio y la institucionalidad que merecen nuestras fuerzas.
